El juez Luis Correa Llanos condenó a Juan Adolfo Agüero, ex efectivo de la Comisaría 10° de Maipú, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva tras hallarlo culpable de torturar y golpear a dos personas privadas de su libertad.

La sentencia, dictada en el Polo Judicial, incluyó además una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos por los delitos de lesiones graves calificadas, vejaciones agravadas y amenazas coactivas. Asimismo, el tribunal impuso 3 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación al ex oficial ayudante Marco Antonio Mamaní, quien presenció las agresiones y no tomó medidas para detenerlas.

El primero de los hechos juzgados ocurrió en octubre de 2020, cuando un ciudadano ingresó a la dependencia policial para una averiguación de antecedentes. Según la denuncia ratificada en el juicio, el sospechoso sometió a la víctima a una sesión de maltrato físico y humillación mientras el hombre se encontraba de rodillas y en un estado de total vulnerabilidad. Como consecuencia de los reiterados golpes propinados por el uniformado, el detenido sufrió fracturas en su mandíbula, lesiones que fueron confirmadas posteriormente por los peritos del Cuerpo Médico Forense.

Un segundo episodio de violencia extrema tuvo lugar en noviembre del mismo año en los calabozos de la misma seccional maipucina. En esa ocasión, Agüero obligó a un detenido a limpiar vómito con sus propias manos y una prenda de vestir, para luego atacarlo con golpes de puño en las costillas y el estómago. La agresión finalizó con dos patadas que le provocaron al hombre la fractura de varias costillas y una lesión grave en el bazo, cuadro que requirió atención médica urgente tras el violento accionar policial.

Durante este segundo ataque, se constató la presencia del ex oficial Mamaní, quien no intervino para auxiliar a la víctima ni dio aviso a sus superiores sobre lo que sucedía en las celdas. La investigación judicial determinó que, antes de reintegrar al herido a su calabozo, Agüero lo amenazó de muerte para que se retractara de su declaración y no denunciara lo ocurrido ante las autoridades.

Sin embargo, los informes médicos y los testimonios recabados durante la etapa de instrucción resultaron determinantes para desarticular la versión de los imputados.

Con esta resolución, la Justicia mendocina cerró un proceso que puso de relieve graves violaciones a los derechos humanos dentro de una institución de seguridad estatal.