El caso que involucra al periodista Nacho Levy y a la psicóloga, sexóloga y periodista Cecilia Ce volvió a poner sobre la mesa un debate: ¿qué sucede cuando una denuncia por violencia de género involucra a un trabajador de una empresa? ¿Cuál es la responsabilidad de los empleadores? ¿Cómo funcionan los protocolos de género en el ámbito laboral?

Días atrás, Cecilia Ce -nombre con el que se conoce públicamente a Cecilia Cazonetto- denunció a su expareja, Nacho Levy, por violencia de género. Tras hacerse pública la denuncia, la empresa donde trabajaba el periodista activó su protocolo de género y decidió desvincularlo.

Antes de realizar la denuncia públicamente, la sexóloga había comenzado a relatar en sus redes sociales, sin mencionar nombres, algunas de las situaciones que atravesó durante la relación.

"No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca", escribió en una de sus historias de Instagram.

Cecilia Ce comenzó a hacerse conocida en 2016, cuando empezó a compartir contenido sobre sexualidad desde una perspectiva educativa y descontracturada, abordando temas que durante años fueron considerados tabú.

Su relación con Nacho Levy comenzó en 2025. Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo respecto de su vida privada, las pocas publicaciones que compartían mostraban una imagen de tranquilidad y compañerismo.

Tras hacerse pública la denuncia, numerosas figuras expresaron su apoyo a la sexóloga. Entre ellas estuvo la actriz Gloria Carrá, expareja de Levy, quien publicó un mensaje de solidaridad que luego fue compartido por Cecilia Ce.

"Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia", escribió la profesional, sin mencionar directamente a su expareja.

Con el paso de los días y el acompañamiento recibido por parte del público, Cecilia decidió visibilizar su historia como una forma de protección y también para alentar a otras mujeres a denunciar situaciones similares.

El rol de las empresas

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la rápida respuesta de la empresa empleadora de Levy.

En muchos casos, las compañías suelen considerar que los conflictos ocurridos fuera del ámbito laboral pertenecen exclusivamente a la esfera privada. Sin embargo, cuando una denuncia adquiere relevancia pública o involucra directamente el bienestar de trabajadores y trabajadoras, algunas organizaciones deciden intervenir mediante protocolos específicos de actuación.

Aunque todavía no es una práctica extendida en todos los ámbitos laborales, cada vez más empresas incorporan protocolos para prevenir, abordar y sancionar situaciones de violencia por motivos de género.

¿Cómo funcionan estos protocolos?

Para comprender su alcance, consultamos a Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio MuMaLá Mendoza.

La especialista explicó que, durante los últimos años, numerosas empresas privadas comenzaron a protocolizar procedimientos destinados a prevenir y abordar situaciones de violencia de género dentro del ámbito laboral.

Estos protocolos contemplan diferentes escenarios: relaciones sexoafectivas entre trabajadores, situaciones de violencia o acoso entre compañeros, vínculos jerárquicos abusivos e incluso casos en los que la violencia ocurre fuera del lugar de trabajo, pero repercute directamente en la vida laboral de las personas involucradas.

Según Blanco, el objetivo principal es construir espacios laborales libres de violencia machista y reducir las desigualdades entre varones y mujeres.

Si bien su implementación no es obligatoria para todas las empresas, explicó que cada vez más organizaciones los incorporan porque forman parte de los estándares vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo N.º 5, referido a la igualdad de género y la eliminación de las violencias.

Además, señaló que muchas compañías que buscan convertirse en proveedoras del Estado o acceder a financiamiento de organismos internacionales deben demostrar avances en el cumplimiento de estos objetivos.

Los protocolos no implican únicamente sanciones disciplinarias. También contemplan medidas de protección para las personas afectadas, como cambios de horarios, traslados de sede, modificaciones en los equipos de trabajo o cualquier acción que permita preservar a quien denuncia y evitar situaciones de revictimización.

Para Blanco, estas herramientas también generan un efecto preventivo.

"Cuando una empresa actúa frente a una situación de violencia, no solo protege a la persona afectada. También envía un mensaje al resto del personal: las violencias tienen consecuencias y existen mecanismos para denunciarlas", explicó.

Una práctica que comienza a expandirse

En Mendoza, distintas empresas nacionales y multinacionales con presencia en la provincia ya cuentan con protocolos de género y licencias por violencia. Entre ellas se encuentran Carrefour, Farmacity, Arredo y Natura. 

También instituciones públicas como el Poder Judicial de Mendoza y la UNCuyo han desarrollado mecanismos específicos para prevenir y abordar estas situaciones.

El caso de Cecilia Ce volvió a poner en evidencia una realidad que muchas veces permanece invisible: la violencia de género no siempre queda afuera del trabajo. Y, aunque aún queda camino por recorrer, cada vez son más las organizaciones que entienden que generar espacios laborales seguros también forma parte de su responsabilidad social.