El endurecimiento de la estrategia argentina frente a la explotación petrolera en las Islas Malvinas tuvo una de sus primeras respuestas empresariales. SLB, el mayor proveedor mundial de servicios para la industria petrolera, confirmó que no participará de proyectos hidrocarburíferos ni de licitaciones en el archipiélago.

La definición se conoció después de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para aumentar el costo económico y jurídico de participar en proyectos petroleros desarrollados en las islas sin autorización argentina.

SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, aclaró que actualmente no participa de actividades hidrocarburíferas en Malvinas y que tampoco tiene previsto presentarse a licitaciones vinculadas con proyectos en la zona.

El peso de Vaca Muerta

La decisión adquiere otra dimensión por la presencia que SLB mantiene en la Argentina. La multinacional es uno de los grandes proveedores internacionales de tecnología y servicios para la industria de hidrocarburos y posee operaciones vinculadas con Vaca Muerta, donde trabaja con compañías de primera línea.

El nuevo esquema planteado por el Gobierno busca precisamente aumentar el costo para las multinacionales que pretendan mantener negocios simultáneamente en la Argentina y en proyectos desarrollados en Malvinas sin autorización nacional.

El Decreto 868/2026 endureció las consecuencias previstas para quienes intervengan en esas actividades y estableció nuevas exigencias para compañías que pretendan acceder a permisos, concesiones o beneficios económicos en la Argentina.

De esta manera, la disputa por Sea Lion comienza a trasladarse también al terreno de los proveedores internacionales necesarios para desarrollar un proyecto offshore.

Sea Lion, el proyecto que encendió la disputa

El endurecimiento de la posición argentina tiene como telón de fondo a Sea Lion, el desarrollo petrolero ubicado al norte de las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino rechaza el proyecto porque considera que la explotación de recursos naturales en esa zona requiere autorización nacional y sostiene que avanzar unilateralmente viola la legislación argentina sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

Milei convirtió el avance del proyecto en uno de los ejes de la nueva estrategia sobre Malvinas y anunció que la Argentina utilizará herramientas económicas, administrativas, judiciales y diplomáticas para intentar impedir su desarrollo.

La estrategia también busca alcanzar a accionistas, contratistas y proveedores que hagan posible esas operaciones. La Cancillería, por instrucción del Presidente, inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por posibles violaciones a la Ley 26.659.

La primera señal desde la industria

Por su tamaño y por su presencia internacional, la posición de SLB funciona como una primera señal sobre el efecto que puede tener la estrategia argentina sobre los proveedores globales del sector. La clave ahora será determinar si otras grandes empresas de servicios petroleros adoptan una posición similar.

Para el Gobierno, el objetivo es que las compañías deban elegir entre participar de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas sin autorización argentina o conservar su acceso a Vaca Muerta, concesiones, contratos y otros negocios dentro del país.