El fiscal federal Alberto Gentili solicitó penas de hasta 24 años de prisión para 27 acusados de integrar la congregación religiosa "Templo Filadelfia", imputados por reducción a la servidumbre, trata laboral y asociación ilícita. 

Templo Filadelfia operó entre 1972 y 2020 con epicentro en Buenos Aires y ramificaciones en distintas provincias del país.

El dictamen judicial impactó directamente en Mendoza, ya que el representante del Ministerio Público Fiscal incluyó de forma expresa a la provincia dentro del esquema patrimonial de la organización. Gentili peticionó el decomiso de 16 vehículos y 48 inmuebles que la secta utilizaba para el desarrollo de sus actividades ilícitas, los cuales se encuentran distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Salta, Córdoba y Mendoza.

La investigación determinó que los imputados implementaron un sistema de traslados compulsivos de las víctimas hacia las distintas sedes de la congregación en el interior del país, incluyendo las locaciones de Mendoza, para asegurar su aislamiento. Según el expediente, los damnificados sufrieron un proceso de sometimiento extendido a lo largo de varios años en múltiples provincias, donde la estructura ejercía un control absoluto sobre niños, adolescentes, mujeres y hombres.

El fiscal argumentó que el grupo generó un esquema de sometimiento psicológico y físico donde se anularon por completo los deseos y los planes de vida de los fieles. Según la acusación, quienes eran enviados a los anexos de la organización -como las sedes mendocinas- resultaban obligados a trabajar en condiciones de trata laboral y debían cumplir órdenes de manera heterónoma bajo la amenaza de sufrir castigos físicos, humillaciones y segregación.

Finalmente, el alegato judicial expuso las paupérrimas condiciones de hacinamiento, escasez de higiene y carencia de alimentación a las que eran sometidos los damnificados en todos los inmuebles de la red. 

Además de las penas de cárcel y el decomiso de los bienes raíces situados en Mendoza y el resto de las jurisdicciones, el fiscal federal requirió una reparación económica integral para cada una de las personas afectadas por el accionar de la banda.