Mendoza busca llegar a los meses de mayor actividad de tormentas con un régimen excepcional que permita acelerar obras, contrataciones y acciones preventivas. El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto para declarar durante 180 días la emergencia por El Niño en Mendoza, ante el escenario hidrometeorológico previsto para la temporada 2026-2027.

La iniciativa ingresó el miércoles 30 de septiembre a la Cámara de Diputados y propone que la emergencia alcance a todo el territorio provincial. Si es aprobada, regirá inicialmente durante 180 días corridos y podrá prorrogarse por otros 180 mediante un decreto fundado.

El objetivo es darle al Ejecutivo herramientas para acelerar intervenciones y contrataciones destinadas a prevenir o responder ante eventos que puedan afectar a la población, la infraestructura, los servicios esenciales, los recursos hídricos y las actividades productivas.

Qué cambiaría con la emergencia por El Niño en Mendoza

La principal diferencia estará en los tiempos y mecanismos con los que el Estado provincial podrá intervenir. El proyecto plantea un régimen especial para acelerar contrataciones y trabajos preventivos vinculados directamente con la emergencia.

Las intervenciones podrán alcanzar infraestructura hidráulica, drenajes, cauces, canales y caminos, además del fortalecimiento de la red de monitoreo, la identificación de puntos críticos y los sistemas de alerta temprana.

El proyecto establece que la utilización de estos mecanismos deberá estar directamente relacionada con el riesgo hidrometeorológico y climático y quedar sujeta a principios de razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control.

Los riesgos no son iguales en todo Mendoza, una tormenta intensa puede provocar problemas de drenaje en áreas urbanas, generar aluviones en zonas del piedemonte, producir crecidas en cauces o afectar caminos e infraestructura productiva en otros departamentos.

Fondos para obras y respuestas urgentes

La iniciativa también contempla la posibilidad de destinar recursos y realizar adecuaciones presupuestarias durante la vigencia de la emergencia para financiar las intervenciones que resulten necesarias.

El régimen apunta a reducir los tiempos administrativos cuando sea necesario ejecutar una obra o realizar una contratación vinculada con la prevención o respuesta ante un evento hidrometeorológico.

La implementación requerirá además la coordinación entre el Gobierno provincial, los municipios, la Dirección de Hidráulica, Defensa Civil, el Departamento General de Irrigación, los prestadores de servicios públicos y otras áreas con intervención ante este tipo de situaciones.

Mendoza comenzó las obras antes de enviar el proyecto

Durante agosto, el Gobierno intensificó los trabajos de la Dirección de Hidráulica sobre cauces, ríos, arroyos, canales, drenajes y defensas.

Las tareas incluyen limpieza, desembanque, encauzamiento, recuperación de márgenes y reparación de defensas para conservar la capacidad de conducción del agua y reducir riesgos de desbordes y erosión.

Uno de los trabajos se realizó en el cauce Las Peñas, en San Rafael, donde se ejecutaron tareas de desembanque en inmediaciones de los puentes carretero y ferroviario de la Ruta Provincial 153.

Las intervenciones también alcanzaron distintos puntos del Sur, el Valle de Uco y el Área Metropolitana, con maquinaria de la Dirección de Hidráulica y trabajos coordinados, según cada caso, con Irrigación, AYSAM y los municipios.

Un sistema para anticipar crecidas y definir alertas

El Gobierno también reunió al gabinete provincial, intendentes y organismos técnicos para presentar el esquema de prevención previsto para la temporada.

Una de las principales herramientas es el Sistema de Alerta Temprana Hidrológico, diseñado para integrar información meteorológica, hidrológica y territorial que actualmente se encuentra distribuida entre distintos organismos.

El sistema prevé concentrar datos provenientes de radares, estaciones meteorológicas y fluviómetros para estimar caudales, volúmenes de agua y tiempos de llegada de posibles crecidas.

También contempla establecer niveles de peligrosidad y umbrales para las distintas etapas de vigilancia, aviso, alerta y alarma. Esa información deberá servir como insumo para Defensa Civil y otros organismos responsables de definir medidas de preparación, protección, evacuación y respuesta.