Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en reunir las condiciones para firmar un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación, en lo que significó un paso clave hacia la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. 

El histórico acuerdo fue rubricado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, con el objetivo de incorporar herramientas que fortalezcan el proceso de adecuación normativa e institucional que la jurisdicción local desarrolla desde hace meses.

El nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) fue aprobado por el Senado el 27 de febrero de 2026, luego de obtener la media sanción en la Cámara de Diputados el 12 de febrero. La normativa fue posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo.

En este marco, el Gobierno provincial conformó una mesa técnica interdisciplinaria que ya redactó un borrador del proyecto de ley local, el cual será presentado formalmente en el corto plazo, y establecerá de manera definitiva las condiciones necesarias para avanzar en la aplicación del nuevo sistema. 

"Mendoza es la primera provincia del país en estar en condiciones de firmar este convenio con la Nación. Venimos trabajando desde hace tiempo en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y este acuerdo nos da más herramientas para seguir fortaleciendo ese proceso", destacó Rus.

El convenio marco estableció una serie de acciones conjuntas entre la Nación y la Provincia que contemplan asistencia técnica, intercambio de información estratégica, desarrollo de proyectos de cooperación mutua y actividades de capacitación para los operadores del sistema. Uno de los avances más significativos consiste en la disponibilidad recíproca de supervisores especializados, una figura creada por la Ley Nacional de Régimen Penal Juvenil encargada del seguimiento, asistencia y control de los adolescentes sometidos a medidas o penas.

A partir de la firma, el gobierno provincial podrá requerir el apoyo de los supervisores federales cuando las necesidades operativas del sistema lo demanden, mientras que los profesionales locales quedaron habilitados para desempeñarse en causas de competencia federal. Asimismo, el Ministerio de Justicia de la Nación puso a disposición de la provincia una plataforma informática desarrollada específicamente para la gestión de estos casos, herramienta que optimizará el control de las medidas aplicadas y unificará los criterios de gestión de la información.

La ministra de Seguridad y Justicia ponderó el alcance del entendimiento al señalar que la iniciativa no se limita a meras declaraciones de intención, sino que incorpora instrumentos concretos para el funcionamiento diario del régimen. 

Finalmente, las autoridades articularon que las instancias de formación destinadas a los operadores del sistema civil y penal se canalizarán a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP). De este modo, los trayectos formativos de actualización contarán con una certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes los realicen, garantizando la profesionalización de todos los actores institucionales involucrados en el nuevo paradigma de justicia penal juvenil.