La muerte de Morena Gonz醠ez y las preguntas que ahora apuntan a la Municipalidad de Lavalle
El funcionamiento del predio arrastraba desde hac韆 d閏adas una serie de irregularidades vinculadas con su habilitaci髇 y con la falta de controles sobre las condiciones de seguridad para el p鷅lico.
La muerte de Morena Gonz醠ez, de 18 a駉s, ocurrida el 20 de septiembre en el predio de las Picadas de Lavalle, en Jocol� Viejo, abri� una serie de interrogantes que exceden la p閞dida de control del veh韈ulo que protagoniz� el siniestro.
De acuerdo con la documentaci髇 municipal analizada por Diario Mendoza Today, el funcionamiento del predio arrastraba desde hac韆 d閏adas una serie de irregularidades vinculadas con su habilitaci髇 y con la falta de controles sobre las condiciones de seguridad para el p鷅lico.
El punto central de la investigaci髇 ya no deber韆 ser solamente qu� ocurri� con el autom髒il, sino qui閚 autoriz� que cientos de personas se ubicaran detr醩 de una estructura cuya capacidad para contener un veh韈ulo no aparece acreditada en los expedientes municipales.
Una habilitaci髇 que nunca evalu� el riesgo principal
El primer antecedente se remonta al 26 de noviembre de 1996, cuando Jos� Luis Lomoro y Carlos Javier Navelino solicitaron a la Municipalidad de Lavalle la habilitaci髇 comercial de un "circuito de competencias automovil韘ticas" en el callej髇 Mocayar, de Jocol� Viejo.
La actividad supon韆 un riesgo evidente: veh韈ulos circulando a alta velocidad con espectadores ubicados en las inmediaciones de la pista.
Sin embargo, la 鷑ica inspecci髇 descriptiva incorporada al expediente, realizada el 5 de diciembre de 1996 por el arquitecto A. Bresolini, se limit� a detallar las instalaciones existentes.
Se mencion� una pista asfaltada de 600 por 20 metros, iluminaci髇, agua corriente, dos quioscos, un quincho, un alambrado perimetral y la ausencia de sanitarios.
Pero el expediente no contiene planos, c醠culos estructurales del muro de contenci髇, estudios sobre la distancia entre la pista y el p鷅lico ni evaluaciones sobre las gradas.
Durante meses, el 鷑ico problema que preocup� a los inspectores municipales fueron los sanitarios.
En marzo de 1997 se constat� incluso que el predio funcionaba sin ellos y, por lo tanto, sin habilitaci髇. Hubo emplazamientos, pr髍rogas e inspecciones, pero nadie dej� asentada una evaluaci髇 sobre la seguridad de la pista o de las estructuras destinadas a contener eventuales despistes.
El cierre del expediente tambi閚 presenta interrogantes. El 18 de noviembre de 1997, un inspector inform� que los sanitarios continuaban sin terminar y que el sector de alimentos no reun韆 las condiciones m韓imas. Sin embargo, al d韆 siguiente un acta firmada por tres inspectores sostuvo que el predio reun韆 las condiciones de "higiene y seguridad".
No aparece documentada una nueva inspecci髇 que explique el cambio de criterio.
Finalmente, el comercio fue inscripto en diciembre de 1997 y el entonces secretario de Gobierno, V韈tor Eduardo Fusco, junto con el intendente Sebasti醤 Pedro Brizuela, dispusieron el archivo de las actuaciones.
En 2016 volvieron a habilitarlo sin inspecci髇
Casi dos d閏adas despu閟, el expediente N.� 5246/2016-0 volvi� a poner al circuito bajo an醠isis municipal.
El tr醡ite se inici� durante la gesti髇 del entonces intendente Roberto Righi y ten韆 apenas cuatro fojas.
El pedido buscaba renovar la habilitaci髇 e inscripci髇 como "circuito de competencia", utilizando como antecedente el expediente de 1996.
Lo llamativo es que no consta una inspecci髇 del predio, una constataci髇 de las instalaciones ni una evaluaci髇 de las condiciones de seguridad.
Es decir, en 2016 se renov� el permiso de un establecimiento que recib韆 p鷅lico utilizando como fundamento un expediente de 20 a駉s antes que tampoco hab韆 evaluado espec韋icamente la seguridad de las estructuras.
El episodio m醩 controvertido aparece en 2026. El 23 de septiembre, el secretario de Gobierno de Lavalle, Oribe, declar� p鷅licamente que el pic骴romo estaba habilitado desde 1996 y que el permiso hab韆 sido renovado pocos d韆s antes de la competencia, luego de una inspecci髇.
Tambi閚 afirm� que el municipio exig韆 seguro, ambulancia y m閐ico.
Sin embargo, seg鷑 la documentaci髇 municipal analizada, no existe un expediente que respalde esa 鷏tima habilitaci髇.
El instrumento aparece firmado por Oribe y fechado el 21 de septiembre de 2026, un d韆 despu閟 de la muerte de Morena, ocurrida el 20 de septiembre.
La situaci髇 plantea un interrogante que deber� ser esclarecido judicialmente: si la inspecci髇 previa que el funcionario mencion� efectivamente existi�, d髇de est� documentada y por qu� la habilitaci髇 aparece fechada despu閟 de la tragedia.
La otra posibilidad que deber� determinar la investigaci髇 es si el documento fue confeccionado con posterioridad al siniestro para respaldar una habilitaci髇 que no estaba formalizada al momento del evento.
En cualquiera de los dos escenarios, la documentaci髇 disponible deja abierta una cuesti髇 fundamental: qu� funcionario verific� que el predio estaba en condiciones de recibir p鷅lico el d韆 de la competencia.
縌ui閚 deb韆 controlar el muro?
Despu閟 del accidente, distintas autoridades pusieron el foco en la competencia deportiva y no necesariamente en las instalaciones.
Desde la Municipalidad se sostuvo que el control de la pista correspond韆 a la Federaci髇. La Subsecretar韆 de Deportes mencion� la autorizaci髇 de la Comisi髇 Deportiva de Automovilismo de Mendoza (CDAM). Pero ambas cuestiones no son necesariamente equivalentes.
La autorizaci髇 deportiva de una competencia y la habilitaci髇 municipal de un establecimiento abierto al p鷅lico cumplen funciones diferentes.
El muro de contenci髇, las gradas y la disposici髇 de los espectadores forman parte de las instalaciones del predio.
Por su parte, el presidente de la Federaci髇 Mendocina de Automovilismo Deportivo (FEMAD), Hugo Mar�, sostuvo que la entidad no fiscaliza las Picadas de Lavalle desde hace a駉s y que no firm� la autorizaci髇.
La investigaci髇 deber� establecer entonces qu� organismo ten韆 la obligaci髇 concreta de controlar las estructuras de protecci髇 del p鷅lico y por qu� ese control no aparece documentado.
La cuesti髇 penal
La investigaci髇 tambi閚 puede abrir distintas l韓eas de an醠isis penal. El art韈ulo 84 del C骴igo Penal contempla el homicidio culposo cuando una muerte se produce por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes a cargo.
En este caso, adem醩 de determinar la eventual responsabilidad del conductor, la Justicia deber� establecer qu� papel tuvieron los organizadores y los funcionarios que intervinieron en la habilitaci髇 del predio.
Un eventual desperfecto mec醤ico no necesariamente resolver韆 la cuesti髇.
El riesgo propio de un circuito automovil韘tico incluye precisamente la posibilidad de que un veh韈ulo pierda el control. Por eso, una de las cuestiones centrales de la pericia ser� determinar si una barrera adecuada, un muro con caracter韘ticas estructurales suficientes o una distancia reglamentaria entre la pista y los espectadores podr韆 haber evitado o reducido las consecuencias del impacto.
La propia FEMAD habr韆 recomendado la utilizaci髇 de cables de acero, otro elemento que deber� ser incorporado a la investigaci髇.
Tambi閚 podr韆n analizarse otras figuras, dependiendo de lo que determine la Justicia respecto de la actuaci髇 de los funcionarios. Entre ellas aparecen los art韈ulos 248 y 249 del C骴igo Penal, relacionados con el incumplimiento de deberes de funcionarios p鷅licos.
Y si se comprobara que un instrumento p鷅lico consign� una inspecci髇 que nunca existi� o una fecha que no corresponde, tambi閚 podr韆 analizarse la eventual existencia de falsedad ideol骻ica y uso de documento falso, contemplados en los art韈ulos 293 y 296.
El intendente y la responsabilidad pol韙ica
La situaci髇 del intendente Edgardo Gonz醠ez tambi閚 deber� ser analizada a partir de un dato concreto: si intervino, conoci� o consinti� la renovaci髇 de la habilitaci髇 firmada por su secretario de Gobierno.
No alcanza, jur韉icamente, con ocupar la m醲ima autoridad municipal para atribuir autom醫icamente una responsabilidad penal.
La Justicia deber� determinar qu� funcionarios tuvieron intervenci髇 efectiva en las decisiones cuestionadas, cu醠es eran sus deberes concretos y qu� conocimiento ten韆n sobre las condiciones del predio.
Existen antecedentes judiciales que pueden servir como referencia para analizar hasta d髇de llega la responsabilidad estatal cuando existen establecimientos o servicios sometidos a controles p鷅licos.
El caso Croma耋n, ocurrido el 30 de diciembre de 2004, dej� 194 muertos y deriv� en condenas contra funcionarios vinculados con los controles y la habilitaci髇 del local. En el caso del entonces jefe de Gobierno porte駉 An韇al Ibarra, la responsabilidad penal no prosper�, aunque posteriormente fue destituido mediante juicio pol韙ico.
La tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que provoc� 51 muertes, tambi閚 mostr� que la responsabilidad penal de un funcionario debe vincularse con un deber concreto de actuaci髇 y control, y no 鷑icamente con el cargo que ocupaba.
Por otra parte, el precedente Mosca de la Corte Suprema sirve para marcar otro l韒ite: la existencia gen閞ica de un poder estatal de polic韆 no alcanza por s� sola para responsabilizar al Estado si no hubo una intervenci髇 concreta vinculada con el hecho.
El caso de Lavalle presenta una particularidad que deber� ser evaluada judicialmente: la Municipalidad s� intervino formalmente en la habilitaci髇 del predio, tanto en 1997 como en 2016 y, seg鷑 la documentaci髇 conocida, tambi閚 en 2026.
La cuesti髇 es determinar qu� control ejerci� efectivamente en cada oportunidad.


