La Cámara de Diputados de la provincia otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica las normativas vigentes con el objetivo de acelerar los procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas sociales ante casos de morosidad, abandono o uso irregular. 

La iniciativa busca optimizar la gestión del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mediante la agilización de las vías judiciales para efectivizar los desalojos de los adjudicatarios infractores. De este modo, las autoridades procuran restituir la función social de los inmuebles y garantizar que los recursos públicos beneficien de manera directa a los sectores más postergados que cumplen con los requisitos de la lista de espera.

El fundamento central de la propuesta legislativa radicó en la necesidad de preservar el sistema solidario habitacional, el cual se sustenta en el cumplimiento recíproco de obligaciones entre el Estado y los ciudadanos. Según detalló el texto de la fundamentación, el IPV funciona como el órgano rector de la política habitacional social bajo "el principio de función social de la propiedad", orientando sus programas a familias cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos. Las autoridades advirtieron que este esquema requiere necesariamente de "un alto acatamiento a las condiciones contractuales establecidas para poder otorgar los beneficios habitacionales a nuevos beneficiarios".

La detección de irregularidades habitacionales, tales como la morosidad persistente o el abandono de las propiedades, motivó esta reforma legal debido al perjuicio directo que ocasiona a miles de postulantes. El proyecto subrayó que estas conductas terminan "desnaturalizando la función social de la vivienda y perjudicando a miles de ciudadanos en lista de espera". Por esta razón, el Ejecutivo argumentó que resultó indispensable implementar una alternativa jurídica "ágil y eficiente para que esa vivienda sea adjudicada a posibles beneficiarios dispuestos a honrar los compromisos determinados por el IPV".

Para materializar la reducción de los plazos, la propuesta introdujo modificaciones concretas a la Ley N° 4203. Esta reforma facultará legalmente a la institución estatal para que "pueda iniciar juicios de desalojo en aquellos casos en los que exista una desadjudicación firme por incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios". Con este cambio, el organismo contará con un respaldo legal explícito para avanzar de forma rápida por la vía judicial una vez agotada la instancia administrativa de revocación del beneficio.

Asimismo, la norma previó modificaciones a la Ley N° 9001 para adecuar los procedimientos al Código Procesal Civil y Tributario de la provincia, transfiriendo la competencia de los desalojos a la Justicia de Paz Letrada. Los legisladores que apoyaron la medida señalaron que estos tribunales resultan idóneos para la tarea, al considerar que "cuentan con mayor proximidad territorial y herramientas más ágiles para resolver procesos de menor complejidad".