El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, encabezó la presentación del proyecto de Ley Antiaguantaderos acompañado por autoridades policiales y de seguridad comunitaria. Durante su exposición, el funcionario enfatizó que la propuesta apunta a "preservar la seguridad pública, la seguridad ciudadana y el entorno urbano" a través de la regulación de inmuebles que se transforman en la "plataforma donde se cometen delitos".

La iniciativa legislativa propone institucionalizar un mecanismo que Mendoza ya puso en marcha con la participación activa de la ciudadanía. Así, Jaliff destacó el rol fundamental de las comunidades locales al señalar que "quienes más sufren estas situaciones son los propios vecinos", agregando que "ellos son quienes nos transmiten la problemática" y valoró "el agradecimiento que recibimos cada vez que se concreta una intervención".

Hasta la fecha, las autoridades provinciales ejecutaron intervenciones en veinte propiedades distribuidas en Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Las Heras y Maipú. El subsecretario resaltó que "hasta el momento realizamos 20 intervenciones, todas con la aprobación de los propietarios y con resultados efectivos", al tiempo que ponderó el trabajo articulado con las distintas comunas al afirmar que "seguimos impulsando convenios con los municipios porque son actores fundamentales en este proceso".

El procedimiento administrativo contempla la elaboración de informes policiales y municipales antes de dictar las resoluciones que definen si corresponde el tapiado o la demolición del lugar. 

Sobre la recepción por parte de los titulares de las propiedades, Jaliff garantizó el respeto por el derecho de defensa y sostuvo que "en las veinte intervenciones obtuvimos su aprobación porque estas medidas también preservan el valor de sus inmuebles y permiten recuperar propiedades que muchas veces quedan inutilizadas".