Inspirada en la experiencia iniciada hace más de una década en Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires creó el Registro de Perfiles Genéticos, un sistema que cruzará las evidencias recolectadas en las escenas del crimen con los perfiles de personas imputadas y condenadas por la Justicia.

El Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD) es una institución clave en el sistema de justicia de Mendoza, creada en 2016 junto al Laboratorio de Genética Forense (fundado en 2012), conforma una unidad de vanguardia dedicada al análisis de evidencias biológicas para resolver causas tanto en el ámbito civil como penal.

El Laboratorio del Poder Judicial de Mendoza  es catalogado como el más desarrollado de Latinoamérica, demostrando una efectividad contundente

Desde 2017 a marzo de este año, el laboratorio mendocino ha logrado individualizar 107.612 perfiles genéticos en su base de datos, con 1.728 match positivos (o hits) en lo referente a causas investigadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

A ello se suman 44 coincidencias en casos relativos a procesos vinculados a una restitución de identidad, según datos oficiales.

Cómo funcionará el registro creado en Buenos Aires

Tomando este modelo como pilar fundamental, la Ciudad de Buenos Aires decidió replicar la experiencia a través de la sanción de la Ley 6.956 (impulsada por la legisladora del PRO Gimena Villafruela), creando su propio Registro de Perfiles Genéticos.

Se trata de una herramienta fundamental para investigar, identificar y encontrar a quienes cometen delitos y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri señaló que se trata de "un paso inédito para no dejar ni un solo malviviente libre".

"Vamos a poder cruzar el ADN de las escenas del crimen, identificar a los culpables y conectar investigaciones. Se terminó el vale todo. Ley y orden", aseveró.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el citado registro se suma a los permanentes operativos de orden en el espacio público mediante el despliegue policial, el Anillo Digital, el combate a las mafias de los trapitos y manteros, la recuperación de propiedades usurpadas, la "Operación Muro" en los límites de la Ciudad y los operativos de saturación en los barrios, entre otras acciones.

El nuevo régimen fue aprobado en la Legislatura porteña a través de la sanción de la Ley 6.956, que deroga la antigua y restrictiva Ley 4.114 del 2011 y transforma de raíz las capacidades de investigación del sistema jurídico porteño. 

  Su aplicación estará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Hasta ahora, si bien la Ciudad tenía la capacidad tecnológica para extraer muestras biológicas de un hecho delictivo, esa información permanecía aislada, lo que impedía conectar casos o identificar reincidentes de forma sistemática. La nueva base de datos digital permitirá que las pruebas "dialoguen entre sí" de manera inmediata, evitando que cada investigación deba empezar prácticamente desde cero.

Qué incluye el nuevo registro

A diferencia del esquema anterior, acotado exclusivamente a condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, el nuevo registro expande masivamente su alcance:

De pocos delitos a la totalidad: abarcará la evidencia e investigación de cualquier tipología delictiva cometida en la Ciudad.

De condenados a imputados: se incorporarán perfiles de personas investigadas bajo expresa orden judicial, permitiendo un esclarecimiento veloz sin necesidad de esperar una condena firme.

Inclusión del personal de seguridad y Justicia: policías, peritos y funcionarios registrarán sus perfiles con el fin de identificar con rapidez muestras de "descarte" o contaminación accidental en las escenas del crimen.

Víctimas y fines humanitarios: facilitará de modo voluntario la identificación de personas desaparecidas, extraviadas o restos humanos no identificados.

El marco legal sobre la protección de datos personales establece un blindaje estricto: el Registro no almacena información médica, historial de salud ni rasgos físicos. Funciona de manera equivalente a un "código de barras" o huella dactilar digital, ya que procesa exclusivamente ADN no codificante utilizable solo para fines identificatorios.

Además, los perfiles están resguardados bajo la Ley 1.845 de datos sensibles. La identidad del individuo sólo se revela ante un impacto positivo (match). El sistema garantiza que todo acceso quede registrado y auditado y prevé sanciones penales ante filtraciones, así como la eliminación inmediata del perfil ante una absolución o sobreseimiento firme.