El asesinato de Agostina Vega en Córdoba volvió a llenar las calles del país con las marchas de Ni Una Menos como sucede -generalmente- después de cada crimen que conmueve al país. 

Dirigentes políticos, organizaciones feministas y referentes de izquierda señalaron al "machismo" y al Estado como responsables de las tragedias, sin embargo, después de más de una década de movilizaciones, cabe preguntarse si estas consignas han servido para algo más que para expresar indignación. Porque cuando se analizan los hechos concretos, aparecen contradicciones difíciles de ignorar.

Ya es un hecho que en Argentina la postura ideológica y política de estos sectores determina la adhesión (o no) a las causas que conmueven a la sociedad. Pero vamos por partes.

El feminismo argentino insiste en presentar cada femicidio como la consecuencia inevitable de una estructura cultural llamada "patriarcado". El problema es que esa explicación, repetida hasta el cansancio, rara vez viene acompañada de propuestas concretas para prevenir delitos. Hace años que se llenan la boca hablando de "deconstrucción", "machismo" "masculinidad toxica" o "violencia simbólica", términos que en su momento resultaron atractivos en un discurso político, pero que poco ayudaron cuando una mujer termina asesinada por un delincuente que ya había mostrado conductas violentas o que había pasado por el radar de la Justicia.

Y lo peor: esta contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observan las posiciones adoptadas por muchos de los sectores políticos que hoy encabezan las protestas. En 2024, cuando el Congreso debatió la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, una herramienta destinada a facilitar la identificación de autores de delitos graves y que originalmente había nacido para perseguir agresores sexuales, la izquierda y gran parte del kirchnerismo votaron en contra en Diputados, mientras que en el Senado se abstuvo. Pero ahora son los que se rasgan las vestiduras y claman por el crimen de Agostina.

Resulta llamativo que quienes rechazaron o cuestionaron herramientas de investigación criminal duras contra los criminales ahora exijan más eficacia estatal cada vez que ocurre un crimen aberrante.

Por supuesto, en su momento los argumentos que utilizaron para oponerse a la ampliación del registro se centraron en cuestiones de "garantías individuales" y "posibles abusos del Estado". Como vemos, durante la votación jamás pensaron en los derechos de las víctimas.

¿Por que el feminismo se opone a las penas duras contra delincuente?

El debate en torno a las posturas del feminismo en Argentina respecto al sistema penal y las penas de cárcel para delitos graves -como violaciones y femicidios- es complejo y dista de ser unánime, existiendo diferentes corrientes teóricas y estratégicas dentro del propio movimiento.

Es por ello que para entender esta cuestión, es necesario distinguir entre las principales posturas que conviven en el feminismo local:

1. El feminismo antipunitivista o de la reforma estructural

Existe una corriente considerable dentro del feminismo académico y militante en Argentina que cuestiona la eficacia del sistema carcelario tradicional como solución de fondo a la violencia de género. Sus argumentos principales son:

• No prevención del delito: Sostienen que el aumento de las penas o la cárcel efectiva obligatoria no han demostrado ser disuasorios eficaces para evitar que los abusos o femicidios ocurran. Argumentan que el foco debe estar en la prevención, la educación y el desmantelamiento de las bases culturales de la violencia, antes de que el daño sea irreversible.
• Crítica a la selectividad penal: Señalan que el sistema penal suele ensañarse con los eslabones más vulnerables de la sociedad -los pobres- sin resolver las estructuras de poder que perpetúan la violencia hacia las mujeres.
• Foco en la víctima y la reparación: Esta postura argumenta que el sistema penal actual es "reivindicativo" (centrado en castigar al infractor) y no "reparador" (centrado en sanar y acompañar a la víctima o a sus familiares).

2. El punitivismo o feminismo institucional

Por otro lado, una gran parte del movimiento feminista en Argentina ha impulsado históricamente reformas legales para endurecer las penas y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas para los agresores.

• Impulso de leyes clave: Agrupaciones de familiares de víctimas y militantes feministas fueron fundamentales para la aprobación de la figura del Femicidio como agravante con pena de prisión perpetua en el Código Penal, así como de la Ley Micaela (capacitación obligatoria en género) y la Ley Brisa (reparación económica para hijos de víctimas de femicidio).
• Exigencia de justicia: En las marchas masivas, como las de Ni Una Menos, una de las consignas principales suele ser el fin de la impunidad y la exigencia de juicios justos con condenas firmes para violadores y asesinos, criticando la inacción o los beneficios carcelarios otorgados por la justicia tradicional.

Como vemos, ni entre ellas mismas se pueden poner de acuerdo. 

Tal vez lo que deberían tener en cuenta los sectores feministas antipunitivistas o "pro delincuentes" (como les dicen en las redes) es entender el clima social respecto a los tantos casos atroces como el de Agostina y es de un verdadero hartazgo: la impunidad en Argentina suele ser moneda corriente y ya no hay tolerancia para más crímenes. 

La lucha contra la violencia requiere algo más que marchas, hashtags y consignas emotivas. Requiere una Justicia que funcione, fuerzas de seguridad capaces de actuar sin trabas, herramientas modernas de investigación y dirigentes dispuestos a respaldarlas aun cuando no encajen en su relato ideológico.

De lo contrario, Ni Una Menos corre el riesgo de convertirse en un ritual político que se repite año tras año: mucha indignación, muchos discursos y muy pocas respuestas para evitar que la próxima víctima vuelva a ocupar los titulares de los diarios.