Condenan a un militante por agredir al presidente de la Cámara de Servicios Mineros durante el conflicto minero en Uspallata
A partir de las pruebas reunidas y tras el correspondiente debate oral, la Justicia resolvió condenarlo a dos meses de prisión de ejecución condicional.
La Unidad Fiscal de Delitos No Especializados informó que este martes concluyó un juicio con sentencia condenatoria vinculado a los incidentes ocurridos en Uspallata durante enero de 2025, en el marco de las protestas contra la actividad minera en la zona.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, el condenado es Marcelo Correa Molina, de 26 años, quien fue hallado culpable del delito de lesiones leves dolosas tras haber golpeado al presidente de la Cámara de Servicios Mineros, Edgardo Vera, durante los hechos registrados el 24 de enero de 2025.
La investigación determinó que Correa Molina le propinó un golpe de puño a Vera, provocándole lesiones en uno de sus pómulos. A partir de las pruebas reunidas y tras el correspondiente debate oral, la Justicia resolvió condenarlo a dos meses de prisión de ejecución condicional.
En esos días también se produjeron enfrentamientos e incidentes por la apertura de una oficina minera
Desde el organismo judicial aclararon que esta condena corresponde exclusivamente a ese episodio puntual y que el acusado continúa imputado en la causa principal, la cual se encuentra próxima a ser elevada a juicio.
Asimismo, indicaron que Correa Molina se convirtió en la segunda persona condenada por los incidentes ocurridos aquel día en Uspallata. En total, son cinco los imputados que fueron investigados por distintos hechos relacionados con las protestas.
Un conflicto que marcó la agenda provincial
Los acontecimientos de enero de 2025 estuvieron directamente relacionados con la fuerte controversia generada por la reactivación del Proyecto San Jorge, posteriormente denominado PSJ Cobre Mendocino. La aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental desató manifestaciones, cortes y enfrentamientos entre sectores que impulsaban el desarrollo minero y grupos ambientalistas que cuestionaban el avance del emprendimiento.
La discusión giró principalmente en torno al uso del agua y al impacto ambiental de la actividad extractiva, en un contexto de crisis hídrica que desde hace años preocupa a distintos sectores de Mendoza.
Con esta nueva sentencia, la Justicia continúa avanzando sobre las responsabilidades penales derivadas de una de las jornadas más tensas que vivió Uspallata durante el debate por la minería en la provincia.


