El 21 de junio de 2025, la vida de la familia Montenegro cambió para siempre.

Alejo Montenegro, de 17 años, salía de un cumpleaños junto a un grupo de amigos. Como el servicio de Uber no tenía señal dentro del lugar donde estaban, decidieron caminar unos metros para poder solicitar el viaje. Fue en ese recorrido cuando una camioneta Ford Ranger los embistió.

El vehículo era conducido por Joaquín Pastorelli, de 20 años, quien manejaba con 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido. Tras atropellar a Alejo, el conductor escapó del lugar sin asistir a la víctima.

El adolescente fue trasladado de urgencia al hospital con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave (TEC grave). Pese al esfuerzo del equipo médico, horas después fue diagnosticado con muerte encefálica y, tres días más tarde, falleció.

Dos horas después del siniestro, el conductor se presentó en una comisaría acompañado por su padre. Según relató la familia de Alejo, el hombre también se acercó al hospital para expresar sus condolencias.

La Justicia imputó a Pastorelli por homicidio culposo agravado, aunque recuperó la libertad tras pagar una fianza de dos millones de pesos.

Una familia que sigue esperando

A más de un año del hecho, la familia Montenegro asegura que la causa avanza con lentitud y que aún no encuentra respuestas.

En diálogo con Diario Mendoza Today, Sebastián Montenegro, padre de Alejo, explicó que la situación judicial prácticamente no tuvo cambios.

"En la causa sigue todo más o menos igual. Lo único que tenemos es la primera audiencia obligatoria para este otro pibe. Nosotros también estamos convocados y vamos a ir porque la verdad es que no nos dan muchos datos; estamos medio en la nebulosa."

Además, contó el difícil momento personal que atraviesa la familia:

"Hay días mejores y días peores. Es complicado. En este tiempo también falleció mi papá y mi suegro. Venimos parándonos de golpe tras golpe."

El reclamo de la familia

La familia sostiene que la causa debería cambiar su calificación legal. Consideran que conducir con un nivel tan elevado de alcohol en sangre y abandonar el lugar del hecho no debería encuadrarse únicamente como un homicidio culposo.

Su objetivo, aseguran, no es solo obtener una condena más severa, sino también generar un precedente que desaliente a quienes deciden conducir después de consumir alcohol.

Un debate que sigue abierto

El caso de Alejo volvió a poner sobre la mesa una discusión que se repite cada vez que ocurre una tragedia vial: ¿son suficientes las penas para quienes manejan alcoholizados y provocan una muerte?

Mientras una familia continúa atravesando el duelo y esperando definiciones judiciales, el imputado permanece en libertad y la causa sigue su curso.

La pregunta vuelve a surgir con fuerza: ¿puede una familia esperar tanto tiempo para obtener respuestas? ¿La legislación actual alcanza para reparar el daño y prevenir nuevas tragedias, o es momento de replantear cómo responde la Justicia ante este tipo de hechos?