El Senado mendocino aprobó este martes la "Ley Hojarasca 3", la iniciativa que tiempo atrás fue presentada por la vicegobernadora Hebe Casado, y con la cual el Ejecutivo busca derogar más de 130 leyes consideradas "obsoletas".

Tras la aprobación por unanimidad en la Legislatura, ahora la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo.

El proyecto, explicaron, es parte de un proceso integral que tiene por finalidad  ordenar el sistema legislativo en la provincia. "La idea consiste en generar un digesto para que las normas sean claras y para revisar temas que estaban sobrerregulados o que generaban demasiada burocracia para su aplicación", agregaron fuentes oficiales.

"Este proyecto constituye la tercera etapa de un proceso integral orientado a revisar y actualizar la totalidad del marco normativo provincial. En la primera etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas hasta el año 1950. En la segunda etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas entre los años 1951 y 1975", y "en esta oportunidad, el análisis abarca aquellas sancionadas entre 1976 y 1990", detallaron en la fundamentación.

En ese período de tiempo, agregaron que "durante el análisis del último período señalado 1976-1990) se revisaron 303 leyes generales vigentes, de las cuales se propone la derogación total de 133 y parcial de 1. La elección de este intervalo temporal responde a la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva, acorde con los recursos humanos actualmente disponibles. Las normas sancionadas con posterioridad a 1991 serán objeto de análisis en las siguientes etapas del proyecto".

Es importante resaltar que la propuesta organiza las derogaciones de acuerdo tres criterios claves: leyes superadas por los avances tecnológicos, económicos o el paso del tiempo; normas reemplazadas por legislación posterior más completa y moderna; y leyes que perdieron sentido porque los organismos o instituciones a los que hacían referencia dejaron de existir. De esta forma, los impulsores del proyecto buscan contar con un ordenamiento jurídico más claro, actualizado y coherente con la realidad institucional de Mendoza.