La jueza Eleonora Arenas decidió inhibirse de intervenir en la causa penal que tiene como imputado al exsubsecretario de Justicia de la provincia, Marcelo D'Agostino. 

La magistrada del Tribunal Penal Colegiado N° 1 presentó un escrito en el que invocó la causal de violencia moral prevista en el artículo 72 del Código Procesal Penal y solicitó que se realice un nuevo sorteo para completar la integración del tribunal. La resolución representó un giro inesperado en un expediente caliente que mantiene en tensión a la política y al Poder Judicial, ya que la funcionaria había rechazado previamente todos los planteos formulados para apartarla.

El cambio de escenario se produjo tras conocerse que Arenas debía resolver una recusación contra la conjueza Jimena Pina, quien según los registros judiciales había actuado anteriormente como su abogada defensora particular en una causa de índole personal. Pina ingresó posteriormente al cuerpo judicial para intervenir en actuaciones vinculadas al caso D'Agostino, lo que dejó a la jueza en la posición de juzgar los planteos sobre su exdefensora. Esta secuencia abrió serios interrogantes en los pasillos de los tribunales locales sobre la apariencia de imparcialidad necesaria dentro del debido proceso.

En la resolución presentada, Arenas no atribuyó explícitamente su apartamiento a la relación previa con la abogada. Por el contrario, la jueza sostuvo que su decisión respondió al "lamentable devenir institucional y mediático" que adquirió el expediente en el último tiempo y a la estricta necesidad de preservar la confianza pública en la administración de justicia. La magistrada insistió además en que no advierte motivos objetivos ni subjetivos vinculados a las partes que comprometan su independencia para resolver la situación legal del exfuncionario.

Lo cierto es que la causa ya arrastraba cuestionamientos de gravedad desde mucho antes de que estallara la controversia por la designación de Pina. Cuando Arenas resultó sorteada inicialmente para intervenir como jueza de Garantías en la investigación contra el exsubsecretario de Justicia, la querella impulsó de inmediato una recusación basada en la presunta cercanía existente entre ambos. En aquella oportunidad, la integrante del Tribunal Penal Colegiado N° 1 rechazó de plano el planteo de la acusación y continuó al frente del expediente.

Finalmente, la inhibición voluntaria modificó por completo el escenario de una de las causas con mayor impacto institucional dentro de la provincia de Mendoza. Tras semanas de recusaciones cruzadas, sospechas y debates públicos sobre posibles conflictos de intereses, la jueza optó por dar un paso al costado para descomprimir la situación. 

A partir de este momento, la Oficina de Gestión Administrativa Penal será la dependencia encargada de realizar un nuevo sorteo para cubrir la vacante y definir qué magistrado continuará con el proceso.