El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE) que conduce Tadeo García Zalazar, resolvió una disputa rechazando parcialmente un reclamo que había realizado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comandado por Roberto Macho.

Según se desprende de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial de Mendoza, la controversia se originó a partir de una impugnación presentada por el sindicato que cuestionó la creación de una Junta Disciplinaria en el ámbito de la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes por considerar que su integración vulneraba derechos gremiales

El argumento de la organización sindical se basó en sostener que, de acuerdo con los postulados generales de la legislación laboral argentina y los convenios colectivos vigentes, los cargos destinados a la representación de los trabajadores dentro de cualquier organismo estatal deben ser canalizados obligatoriamente a través de las organizaciones gremiales con personería jurídica legítima.

Para la conducción sindical, la exclusión de sus delegados de la estructura de la Junta disciplinaria significaba una restricción ilegal a las facultades de defensa y representación colectiva.

Por el contrario, el Gobierno basó su fundamento en una lectura literal del artículo 12 de la Ley Provincial 9103, el cual sostiene que los asientos asignados en el tribunal corresponden al personal estatal en su conjunto, omitiendo cualquier mención específica a estructuras gremiales.

En tal sentido, el Gobierno entiende que el espíritu de la norma prioriza el voto y la elección directa de los empleados públicos por sobre lo que considera el monopolio de las cúpulas gremiales, afirmando que el paper es transparente al hablar de representantes de los trabajadores y no de delegados sindicales.

El decreto subrayó, además, que la libertad gremial garantiza el derecho de organización, afiliación y negociación colectiva de las asociaciones de trabajadores, pero mantiene intactas las facultades de organización interna que le corresponden a la administración pública.

Es así que el decreto desestimó las quejas de la ATE calificándolas de manifestaciones genéricas y abstractas que carecían de un sustento verificable. Las autoridades puntualizaron que el recurso falló en demostrar un perjuicio relevante para los trabajadores públicos, limitándose el escrito gremial a exhibir un mero disenso subjetivo frente a una facultad organizativa que la ley le otorga al Gobierno.

Sostiene, asimismismo, que al concluir que el planteo de impugnación no incorporó argumentos novedosos capaces de alterar la legitimidad, motivación y razonabilidad de la resolución previa, la provincia dio por concluida toda discusión interna dentro del organigrama estatal.