La denuncia por presunto abuso sexual y violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D'Agostino, no es un episodio más en la agenda policial de la provincia. Tampoco se trata de una causa judicial ordinaria. El impacto institucional del caso obliga a una reflexión mucho más profunda.

Porque cuando quien queda bajo la lupa es un hombre que durante más de una década ocupó uno de los cargos más sensibles del Estado, la discusión trasciende a la persona y se instala de lleno en el funcionamiento de las instituciones.

D'Agostino fue, hasta hace pocas semanas, uno de los principales articuladores de la política judicial mendocina. Su despacho era una pieza clave en la relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los organismos vinculados al sistema de Justicia. 

Por eso, las graves acusaciones formuladas en su contra generan una inevitable pregunta: ¿Puede la ciudadanía confiar plenamente en que la investigación avanzará sin presiones ni condicionamientos?

La renuncia del ex funcionario fue una decisión correcta, aunque insuficiente. No alcanza con apartarse del cargo cuando el escándalo ya estalló. Lo que la sociedad demanda es absoluta transparencia, independencia judicial y una investigación rápida, seria y sin privilegios.

No hay lugar para las especulaciones políticas ni para las defensas corporativas. Tampoco para las condenas anticipadas.

La presunción de inocencia es un principio irrenunciable del Estado de derecho. Pero ese principio no puede convertirse en una excusa para relativizar denuncias de extrema gravedad ni para minimizar el impacto institucional del caso.

Del mismo modo, el legítimo reclamo de justicia de la denunciante no puede quedar atrapado en los tiempos interminables de los expedientes ni en las complejidades de los vínculos de poder.

La sociedad mendocina ya ha visto demasiadas veces cómo determinadas causas sensibles terminan diluyéndose entre tecnicismos, silencios incómodos y operaciones de desgaste. Esta vez no debería ocurrir.

El Ministerio Público Fiscal tiene la responsabilidad de demostrar que puede investigar con independencia a quien hasta hace poco formaba parte del entramado de poder provincial. Y el Gobierno de Mendoza debe comprender que el peor error sería adoptar una actitud defensiva o intentar reducir el caso a un problema estrictamente personal.

Cuando un funcionario encargado de diseñar políticas públicas vinculadas a la Justicia queda involucrado en una denuncia de estas características, el daño institucional es inevitable.

La verdadera prueba no es la caída de un funcionario. La verdadera prueba es la respuesta del sistema.

Porque lo que está en juego no es únicamente el futuro judicial de Marcelo D'Agostino. Lo que se pone a prueba es la credibilidad de las instituciones mendocinas. Y esa confianza, una vez perdida, cuesta años recuperarla.