Este martes, el Senado mendocino le dio media sanción al proyecto de denuncias ambientales georreferenciadas, una iniciativa oficialista que apunta a que la ciudadanía aporte fotografías y videos en tiempo real sobre presuntas infracciones ambientales.

La propuesta, que contó con el respaldo de la oposición, tiene por objetivo fortalecer las tareas de fiscalización y control por parte del Estado.

"Buscamos modernizar el sistema de denuncias ambientales, permitiendo que la ciudadanía aporte registros audiovisuales en tiempo real mediante una aplicación oficial que garantice la autenticidad y trazabilidad de la evidencia. El Ministerio de Energía y Ambiente será la ventanilla única, respetando competencias municipales, y se asegurará el debido proceso y el derecho a defensa. Agradezco a los senadores y senadoras que acompañaron esta iniciativa", explicó la senadora Yamel Ases, una de las impulsoras del proyecto.

Tras el debate en el Senado, el Interbloque Encuentro Mendocino, con la justicialista Adriana Cano al frente, cuestionó algunos puntos de la propuesta.

Si bien indicaron que acompañan la iniciativa, dejaron en claro que el Estado es el encargado de prevenir, controlar y fiscalizar.

"Este proyecto demuestra que las leyes son mejores cuando se construyen con diálogo y participación. La ciudadanía debe tener más herramientas para colaborar con el cuidado del ambiente, pero eso no puede significar que el Estado renuncie a sus obligaciones", expresó Cano.

Y agregó que "esta ley también le va a permitir a la ciudadanía ejercer un verdadero control cuando el infractor sea el propio Estado. Si hubiera estado vigente antes, los vecinos de Corralitos habrían contado con una herramienta específica para iniciar acciones de contralor ambiental frente a los derrames cloacales". 

Desde el espacio opositor resaltaron que esta herramienta posibilitará preservar evidencia, hasta tanto intervengan los organismos de control. "No promovemos una cultura de la denuncia permanente ni una lógica de vigilancia entre vecinos. Promovemos una participación ciudadana responsable, en línea con el Acuerdo de Escazú, donde cualquier mendocino pueda colaborar en la defensa del patrimonio ambiental", añadieron.

Y enfatizaron en la tarea del Estado, y se esperanzaron en que esta iniciativa no se utilice para reducir la presencia de los encargados del cuidado del ambiente. 

"El poder de policía ambiental sigue siendo una responsabilidad exclusiva del Estado. Una aplicación móvil no reemplaza inspectores, controles técnicos ni políticas de prevención. La primera línea de defensa del ambiente sigue siendo un Estado presente", ampliaron desde el espacio de Cano.

Además, sostuvieron que la protección ambiental debe estar guiada por el principio preventivo. "Cuando el daño ambiental ocurre, muchas veces ya es irreversible. Por eso toda herramienta tecnológica debe servir para fortalecer la prevención y la transparencia, nunca para justificar un Estado ausente".