La bancada de diputados radicales, que tiene entre sus filas a los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, elevó un proyecto de resolución para exigirle al Ejecutivo que implemente la vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, a partir del próximo 1 de octubre.

El texto promovido por los legisladores de la UCR (Unión Cívica Radical), fue impulsado por el correntino Diógenes González y avalado por todos los integrantes de la bancada radical: Verasay, Nieri;  el entrerriano Darío Schneider; y los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero.

En dicho texto, los radicales destacaron que el Código Procesal Penal Federal, aprobado en 2014, implica dejar de lado el modelo mixto de raíz inquisitiva e implementar un proceso acusatorio basado en oralidad, publicidad, contradicción y una estricta separación de funciones entre investigación, acusación y juzgamiento.

"Argentina ya avanzó de manera sostenida hacia sistemas acusatorios en la mayoría de las provincias, donde la reforma procesal permitió fortalecer el rol de los ministerios públicos y mejorar la dinámica de los procesos penales", agregaron.

También sostuvieron que la puesta en marcha de dicho sistema acusatorio genera "mejoras sustanciales" respecto del esquema tradicional, reduciendo los plazos para dictar sentencia de un promedio de tres años a tan solo diez meses, además de aportar mayor transparencia y eficiencia.

De todos modos, los radicales advirtieron que, a más de diez años de la sanción de la Ley de Implementación Progresiva, el nuevo Código rige solamente en el 44% de las jurisdicciones estipuladas. Consideraron, en el final, que "seguir postergando su aplicación en la Ciudad de Buenos Aires vulnera el derecho de acceso a la justicia y debilita garantías constitucionales".