Mientras estas líneas se escriben, la Justicia hace que investiga a Marcelo D'Agostino por los delitos de violencia de género y abuso sexual. Es casi una simulación, porque el expediente no avanza, ni para atrás ni para adelante.

Más aún: la última novedad de la causa que aqueja al otrora subsecretario de Justicia de Mendoza, refiere al peritaje psicológico que se le hará a la víctima. Habrá que prestar atención a aquel estudio y cómo se llevará a cabo.

Es que D'Agostino conserva sus buenos contactos en la Justicia y la política, a pesar de que en el seno del Gobierno de Alfredo Cornejo aún intenten despegarse de su alicaída figura.

Oportunamente, la política supo blindar otros señalamientos similares que lo tenían en la mira. Uno de ellos data de junio de 2017, cuando una ex pareja de 20 años lo denunció ante la Fiscalía de Violencia de Género.

Su testimonio fue escuchado por la fiscal Mónica Romero, a quien la joven le juró que D'Agostino la venía hostigado en los últimos tiempos y que incluso las cosas habrían escalado hasta llegar a la violencia física.

Más aún: la denunciante declaró en aquellos días que todo se inició por un forcejeo con el celular, lo cual derivó en lesiones, rasguños y escoriaciones.

Como sea, la investigación jamás avanzó y la joven terminó abandonando la provincia por las fuertes presiones políticas. Poco después, se fue del país.

D'Agostino tuvo más suerte: no sólo siguió en su cargo de secretario de Justicia, sino que logró ascender algunos escalones en su carrera judicial. Al menos hasta su renuncia, el pasado 10 de abril.

Lo irónico del caso es que, si se hubiera hecho justicia en aquel primer caso, del cual ya pasaron 9 años, no hubiera ocurrido todo lo que vino después. Ahora mismo, de hecho, no hay explicación plausible de por qué no se encuentra tras las rejas, como le hubiera ocurrido a cualquier hijo de vecino.

No es una cuestión de suerte, sino de protección política. La misma que hizo que a principios de 2019 se mantuviera en su cargo a pesar de las intimaciones recibidas por parte del Tribunal de Gestión Asociada en lo Tributario.

En aquellos días, la jueza María Gabriela Ávalos resolvió ejecutar a D'Agostino hasta tanto "haga íntegro pago a la parte actora" -la Municipalidad de Capital- la suma de dos mil trescientos veinte pesos ($2320), a los que se agregan mil quinientos ($1500) "para responder a intereses, costas y aportes de la ley 5059". Son montos que entonces eran relevantes y fueron perdiendo valor merced a la elevada inflación.

En esos idus, el funcionario figuraba en ATM como "contribuyente con Riesgo Fiscal I", y adeudaba los impuestos inmobiliario, automotor e ingresos brutos.

Con el tiempo, pudo "enderezar" sus finanzas. A punto tal que ahora mismo se encontraría en Europa, en víspera del festejo de su cumpleaños. No hay remate.