Uno de los temas que se mantiene caliente en la agenda del Congreso de la Nación es el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad privada, acaso una de las iniciativas que más calentó el escenario político a punto tal que se esperan movilizaciones el próximo 6 de agosto frente al propio parlamento argentino.

La norma, impulsada por el presidente Javier Milei y redactada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, viene generando intensos debates en torno a las repercusiones políticas, económicas y ambientales en todo el país y la provincia de Mendoza no escapa a esa lógica.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, establece modificaciones sobre el régimen de Tierras, la gestión de los incendios forestales, un mecanismo de desalojo exprés y cambios en el sistema nacional de expropiaciones.

Una de estas principales reformas, y acaso la más controversial de todas, refiere a la derogación de los límites fijados por la Ley de Tierras Rurales eliminando el tope del 15% para la adquisición de campos por parte tanto de individuos como empresas extranjeras, algo que levantó gran revuelo en torno a la discusión por la "perdida de soberania", hecho al que incluso hizo referencia la propia vicepresidenta Victoria Villarruel.

En territorio mendocino se trata de una medida que impacta de lleno sobre zonas de alta sensibilidad geoestratégica, habilitando la libre e ilimitada compra de superficies lindantes con los recursos hídricos, cuencas de ríos e incluso áreas de la Cordillera de los Andes. Ello además de abarcar sectores de seguridad fronteriza debido al límite internacional con Chile.

Por otro lado, la iniciativa altera la Ley de Manejo del Fuego al eliminar restricciones que prohíben por varias décadas el cambio del uso de suelo, la venta o la explotación comercial de terrenos agrícolas, pastizales o humedales que hayan sufrido el avance de algún incendio.

Sin bien desde el oficialismo se fundamentó esta medida señalando que la legislación vigente es injusta al castigar a los propietarios damnificados por un siniestro de carácter accidental, también generó gran repercusión negativa de parte de sectores de la oposición.

Es que estos últimos, en conjunto con asambleas ambientales, advirtieron que la eliminación de estos plazos le dará via libre a los desarrolladores inmobiliarios y empresas mineras para avanzar sobre áreas quemaaos con una potencial estimulación de provocar incendios intencionales en zonas rurales vulnerables, lógica controvertida pero a la que no escapa Mendoza.

Asimismo, la norma dispone de la creación de un sistema de desalojos acelerados ante situaciones de usurpación o falta de pago de alquileres. El procedimiento estipula que el propietario podrá intimar al inquilino moroso y otorgar un plazo de diez días corridos para regularizar las deudas, dando inicio a un juicio que la justicia deberá resolver en un plazo máximo de diez días hábiles, facultando además a los magistrados a cargo de estos casos a exigir la restitución del inmueble en un plazo de 72 horas.

¿Pero qué sucedería, en caso de ser aprobada la Ley, en aquellos casos donde se observa la presencia o de personas en condición de vulnerabilidad? En tal caso, la iniciativa ordena dar intervención a los organismos correspondientes para proveer una solución habitacional transitoria en un lapso de diez días, manteniendo la continuidad del trámite de desalojo sin interrupciones.

Por otra parte, también se hace mención a las expropiaciones del Estado destinadas a obras públicas en casos tales como rutas o escuelas. Allí la propuesta sostiene que se encarecerían sustancialmente los costos para el Estado al incorporar la obligación de abonar el lucro cesante del titular y prohibir la transferencia del dominio antes del pago total de la indemnización.

En el caso del mapa político mendocino, lo que se observa es una profunda y cada vez más tensa polarización, siendo que los senadores nacionales que responden al gobernador Alfredo Cornejo, Mariana Juri y Rodolfo Suarez, expresaron su respaldo a la iniciativa, al menos en lo que refiere a la votación en general.

Sin embargo, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un fuerte rechazo al proyecto señalando que el desmantelamiento de los controles vulnera la soberanía del territorio nacional, lo que no hace más que obligar a la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, a negociar cada voto en particular con el fin de lograr la aprobación de la Ley que será sometida al voto del Congreso el próximo jueves.

En ese contexto es que organizaciones, sindicatos, parte del peronismo y la Izquierda promueven, incluso en Mendoza, movilizaciones con el fin de sumarse a la jornada nacional de protesta frente al congreso el mismo día de la votación con el fin de presionar a la Cámara alta y frentar lo que consideran como un avance irreversible sobre los bienes comunes de la provincia.