El reconocido oftalmólogo mendocino Pedro Reinaldo Miranda fue condenado el pasado martes por la mañana a la pena de dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional, tras reconocer su culpabilidad en una serie de estafas que damnificaron a 39 pacientes y allegados. 

El acuerdo alcanzado en un juicio abreviado puso fin a una instrucción penal que reveló un perjuicio económico superior a los 185.000 dólares y los 12 millones de pesos. Al tratarse de una condena de ejecución condicional, el profesional médico no ingresó a la cárcel, aunque quedó sujeto de forma estricta a las reglas de conducta fijadas por el tribunal interviniente.

La pena fue pactada formalmente entre el fiscal Luis Guillermo Parigi y la defensa del profesional, sobre la base de una exhaustiva investigación que lideró la fiscal de Delitos Económicos Mariana Pedot, quien reunió las pruebas fundamentales que permitieron el avance y la posterior resolución del expediente de manera express. 

La causa penal generó un fuerte impacto en la sociedad mendocina cuando se produjo la detención de Miranda, quien era una figura sumamente pública debido a que fundó y dirigió el Centro Oftalmológico Dyter, además de encabezar una fundación homónima destinada a campañas solidarias.

La pesquisa judicial permitió reconstruir el esquema delictivo que el médico repitió de manera sistemática con decenas de personas que concurrían a atenderse a su clínica particular. El profesional aprovechó de forma espuria la relación de confianza y asimetría construida durante las consultas médicas para ofrecerles participar en supuestas inversiones sumamente atractivas. 

En concreto, el engaño consistió en la presunta adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al centro oftalmológico, una maniobra que sedujo a las víctimas por la aparente solvencia del sospechoso.

De acuerdo con lo acreditado por el Ministerio Público Fiscal, Miranda solicitó a los damnificados sumas de dinero que generalmente oscilaron entre los 1.000 y 1.500 dólares, bajo la promesa de devolver el capital en el corto plazo junto con una importante ganancia. En diversas ocasiones, el imputado llegó a asegurar falsamente que el dinero invertido se duplicaría en poco tiempo. 

Para otorgar credibilidad a las operaciones financieras espurias, el médico les entregaba pagarés, recibos y diversa documentación firmada, elementos que posteriormente se transformaron en la prueba de cargo principal de la causa.

Con la homologación definitiva del convenio entre las partes por parte del juez, Miranda confesó formalmente los hechos y evitó la realización de un debate oral y público. Si bien la instrucción incluyó inicialmente otras líneas investigativas sobre su título, su matrícula habilitante y algunas cirugías cuestionadas, el juicio abreviado se centró exclusivamente en los delitos económicos.