El derrotero judicial del mendocino Facundo Leal sumó en los últimos días episodios a una de las novelas más descabelladas del escenario de la corrupción y el narcotráfico en Argentina, incluso con beneficios que se contraponen con la contundencia de pruebas halladas en los allanamientos y que constan en el propio expediente.

Tras arduos esfuerzos de su defensa y una serie de resoluciones firmadas a contrarreloj, el ex titular de ARSAT logró abandonar la cárcel de Ezeiza y fue beneficiado con el régimen de prisión domiciliaria en su lujoso departamento del barrio porteño de Palermo, monitoreado con una tobillera electrónica y bajo la tutela legal de su pareja.

Sin embargo, su tranquilidad puede no durar mucho, ya que el fiscal federal Federico Dominguez, junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentaron conjuntamente una apelación a la prisión domiciliaria otorgada a Leal.

De esta forma, lo que buscan es que se revoque rápidamente el beneficio otorgado bajo argumentos tales como los riesgos de entorpecimiento en la investigación como así también la gravedad de los delitos investigados que, según sostienen, merecen que el ex funcionario permanezca a la espera del juicio en una cárcel común.

La Justicia, mientras tanto, continúa avanzando en otras causas, tal como sucedió con la Justicia Federal de San Isidro, desde donde se decidió ampliar el objeto de la causa que inició el derrotero del mendocino por presunta corrupción en la empresa ARSAT.

Las investigaciones, que inicialmente hacían foco en los desvíos millonarios hacia la firma ALS y la denominada "Banda de los Mendocinos", ahora se extendió sobre una red de contratos de logística, seguridad, limpieza y mantenimientos, todos tercerizados bajo la gestión de Leal, con el fin de intentar rastrear la ruta del dinero que financió su ostentoso patrimonio.

Allí se abre un escenario totalmente diferente, siendo precisamente la reconstrucción de la ruta del dinero y el hallazgo de los bienes donde el expediente comienza a exponer puntuales contradicciones en un debate que comienza a cimentarse en relación a los criterios en los que se basa la justicia.

Es que el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, quien calificó literalmente de "endeble" la acusación por comercialización de estupefacientes para avalar la teoría del consumo personal y las adicciones de Leal para facilitar la salida de prisión, terminó por enfrentarse a los hallazgos que logró la Policía Federal en el departamento de Palermo.

La realidad es que lo que se encontró en estos allanamientos demuestran un escenario que excedería el argumento de la tenencia de drogas para uso personal y se acerca más, en cambio, a la hipótesis de la venta y distribución de narcoticos a mediana escala.

Más allá de la millonada de dinero en efectivo secuestrado sin justificación, se encontró un verdadero muestrario de sustancias ilícitas tales como cocaína, ketamina, éxtasis y la sustancia conocida como "tusi" lo que, por sí solo, echaría por tierra la hipótesis de la defensa de Leal.

Pero además la droga se encontraba fraccionada, clasificada y almacenada; una modalidad que que se asemeja más a los estándares de venta de narcóticos, hecho que se profundiza aún más si se tiene en cuenta el hallazgo de balanzas de precisión y elementos de fraccionamiento que suelen ser utilizados en el mercado minorista y que carecen de necesidad en un escenario donde el acusado simplemente padece una patología de adicción.

En otras palabras, la coexistencia de grandes sumas de dinero en efectivo, un stock de drogas diversificadas e instrumentos de medición y fraccionamiento constituye el tablero clásico en las causas por comercialización de estupefacientes.

Mientras tanto, una tercera causa lo investiga por presuntas maniobras fraudulentas durante su paso por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Allí la justicia lo vincula con supuestos desvíos de fondos públicos al crecimiento patrimonial injustificado, que incluyen hasta la cría de caballos criollos de élite.

Por estas horas hay un trabajo fino que se viene realizando con la intención de cruzar datos informáticos recuperados durante los últimos operativos con los flujos bancarios de las empresas contratistas sospechadas en un intento por demostrar que parte del dinero en efectivo tiene su origen en los retornos y/o la defraudación al Estado, por lo que las próximas semanas serán decisivas para comprender uno de los escándalos de corrupción más amplios y complejos de los últimos tiempos.