El arresto del exfuncionario mendocino Facundo Leal, hallado con una fortuna en efectivo y estupefacientes en sus propiedades, paralizó un pacto secreto entre el Gobierno del presidente Javier Milei y Corporación América para prorrogar la concesión de las principales terminales aéreas de Argentina hasta el año 2056.

Cabe recordar que los allanamientos que derivaron en la caída del exfuncionario tuvieron su origen en una investigación por el presunto robo de costosos equipos tecnológicos de la empresa estatal de soluciones satelitales ARSAT, entidad que el mendocino presidió con anterioridad.

Al ingresar a los inmuebles vinculados al investigado en Mendoza y Buenos Aires, las fuerzas federales secuestraron dinero de distintas nacionalidades en efectivo, dispositivos de inteligencia y un cuantioso cargamento de drogas sintéticas.

Estos hallazgos provocaron la apertura de una nueva causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, enfocada en determinar el origen de los fondos y la fortuna en efectivo encontrada en su poder.

Cabe resaltar que este expediente se cruza con una denuncia penal previa presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien expuso un esquema de retornos y discrecionalidad en el otorgamiento de la obra pública aeroportuaria.

El mecanismo denunciado consistía en que las autoridades del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), liderada por Leal, utilizaban las facultades del Fideicomiso de Fortalecimiento Aeroportuario para retener o agilizar las certificaciones de avance de obra en las pistas y terminales de todo el país, regulando de manera arbitraria la liberación de los pagos millonarios a las empresas contratistas del sector.

El avance de las negociaciones, que iba a ser ratificado mediante un decreto del presidente Javier Milei, quedó completamente congelado debido al impacto político que implicaría publicar un documento oficial con la firma de un funcionario detenido por narcotráfico y lavado.

El acta acuerdo preliminar había sido plasmada el pasado 26 de septiembre bajo las firmas del CEO de la firma privada Corporación América, Daniel Ketchibachian, y del propio Facundo Leal en su rol de presidente del ORSNA.

Las tratativas iniciales contemplaban la extensión de la concesión por tres décadas y la posibilidad de prórroga hasta 2066, a cambio de la privatización del 15% de las acciones estatales en Aeropuertos Argentina y la inclusión de futuros planes de infraestructura en los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La detención del mendocino obligó al Ejecutivo a dejar sin efecto el acta original, aunque sus equipos económicos reabrieron el proceso de renegociación utilizando exactamente el mismo borrador como base de trabajo.

La conducción de estas nuevas conversaciones confidenciales fue delegada en Pilar Ruiz, una funcionaria de extrema confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien trabaja en tándem con el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y con Juan Pazo, exjefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El rol de Pazo sumó fuertes controversias debido a que, tras presentar su renuncia al cargo público alegando un regreso a la actividad privada, asumió funciones como director de Aeropuertos Argentina en representación del capital privado del holding liderado por Eduardo Eurnekian, ex jefe del propio Milei.

En otras palabras, los hallazgos en los domicilios de Leal casi hacen caer un acuerdo del presidente con un viejo conocido suyo en una de las causas por presunta corrupción más graves aunque hoy tapada por el escándalo Adorni y el Mundial 2026.