La presentación del escrito defensivo del mendocino Facundo Leal ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, no es más que el inicio de su estrategia procesal luego de sua sugestiva negación a declarar en indagatoria.

Es que el ex titular de ARSAT y del ORSNA optó por presentar una misiva para desligarse de la causa por contrataciones fraudulentas con la firma Argentina Logistic Services (ALS).

Sin embargo, si se realiza un cotejo entre los argumentos del imputado y los elementos probatorios acumulados en el expediente judicial se pueden revelar severas inconsistencias que complicarían su situación procesal.

El escrito de Leal sostiene, en primer lugar, que el exfuncionario se encontraba fuera de la cadena administrativa y de los expedientes de contratación al momento de adjudicarse los servicios de seguridad a la empresa ALS.

No obstante, las auditorías internas de ARSAT y los registros de partidas presupuestarias demuestran que las adjudicaciones a ALS se ejecutaron mediante contrataciones directas segmentadas.

Este mecanismo de contratación excepcional requirió la firma y la autorización de la presidencia del organismo, rol que ejercía Leal. De hecho, la fiscalía constató que los pagos se validaron bajo la modalidad de "urgencia institucional" para evadir los mecanismos de licitación pública.

Respecto a las intervenciones telefónicas, la defensa alegó que las menciones en los chats de WhatsApp interceptados, donde los sospechosos afirman que "Facundo pidió que suban el precio", resultan ambiguas y pueden referirse a cualquier otra persona con el mismo nombre.

Pero el expediente contradice esta afirmación mediante el cruce de antenas de telefonía celular realizado por la Policía Federal, el cual ubica el dispositivo de Leal en el mismo lugar y franjas horarias en las que se negociaban los retornos.

Como si ello fuese poco, en la causa se incorporó la declaración como arrepentido de un exgerente de ALS, quien confesó ante la Justicia que el "Facundo" que exigía el cobro del 15% de comisión sobre las facturas infladas era el propio Leal.

El escrito de Leal también plantea su desvinculación como un hecho aislado, estrictamente ligado a sus competencias individuales dentro del directorio de la firma estatal.

La fiscalía, en cambio, detectó una estrategia de defensa idéntica, redactada bajo los mismos términos y coordinada por el mismo abogado, Marcelo Rocchetti, entre Leal y Gerardo Boschin, ex subgerente de compras de ARSAT.

La Justicia en este caso sostiene que esta defensa idéntica representa un pacto de silencio destinado a encubrir una asociación ilícita, donde Boschin ejercía su rol como administrativo en los desvíos para los que Leal daba la autorización.

Más allá de los argumentos presentados en la misiva, la estrategia de la defensa se concentró exclusivamente en los tecnicismos de la malversación de fondos públicos, omitiendo responder por los hallazgos más comprometedores de los allanamientos efectuados en sus propiedades de Palermo y Mendoza.

Por caso, el documento elude cualquier tipo de justificación sobre la procedencia de los casi dos millones y medio de dólares en efectivo incautados, los cuales se encontraban acondicionados en fajos termosellados de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Debido a que esta cifra no figura en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, el expediente ya derivó en una investigación penal paralela por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El escrito también omitió referirse a los dispositivos de interceptación telefónica, localizadores y bloqueadores de señal hallados en su residencia, elementos que el juzgado investiga si se utilizaban para tareas de inteligencia ilegal.

De la misma manera, la defensa no incorporó aclaraciones sobre los cargamentos de ketamina, éxtasis, cristal MDMA y cocaína secuestrados. Esta omisión responde a que dicho tramo de la causa tramita de forma independiente en Comodoro Py ante el juez Daniel Rafecas, quien imputó a Leal por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización debido a la variedad y al tipo de fraccionamiento de las sustancias.

Cabe señalar que el juez Rafecas rechazó la solicitud de arresto domiciliario interpuesta por la defensa, la cual alegaba un cuadro grave de adicciones.

En consecuencia, el exfuncionario continuará alojado bajo el régimen de prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza mientras la Policía Federal avanza con el peritaje de su teléfono celular.