Hay una especie de debate, totalmente esteril, que se instaló dentro de la grieta argentina que tiene que ver con la cantidad de ceros con los que se mide la corrupción en Argentina.

Hay quienes sostienen que el caso del jefe de Gabinete Manuel Adorni es incomparable con el del ex intendente de Lomás de Zamora Martín Insaurralde, dos de los hombres más complicados actualmente por la aparición de elementos que prometen vincularlos a los hechos ilícitos más resonantes contra la administración pública.

En tal sentido, si el número tiene seis ceros o se expone en fajos de dólares dentro de bolsos, la indignación estalla. En cambio, si el número es menor el debate se diluye en la grieta.

Es un debate que no lleva a ningún lado, porque la apropiación de los recursos del Estado con fines personales resulta ser un problema de degradación moral. Es decir, robar es robar, no importa la escala.

El caso de Martín Insaurralde y su viaje a Marbella expuso una obscena visión del poder en su máxima expresión. Un funcionario público que no puede justificar un nivel de vida de magnate. El repudio fue unánime y justificado. Millones de dólares bajo sospecha.

Por otro lado, el exponencial crecimiento patrimonial de Adorni, quien llegó a la función pública en el 2023 con apenas poco más de 40 mil dólares declarados y hoy asume gastos y deudas por montos cercanos al millón de dólares.

Es la trampa en la que suelen caer los más fanatizados y politizados, quizá no por mala leche, sino por la necesidad de encontrar cierto refugio en el que puedan resguardarse para poder defender un modelo en el que genuinamente creen.

En este contexto, lo que no puede tomarse en cuenta es la gradualidad de la honestidad. Uno es o no honesto, es una cuestión lineal. No se puede ser "un poco corrupto". Se es o no. ¿O acaso el ladrón de poca monta, aquel que se dedica a "punguear", es menos delincuente que un asaltante de bancos?

Las penas que podrían caber pueden ser diferentes, eso lo determina la justicia en todo caso, pero ambos son delincuentes y se apropian de aquello a lo que pueden tener acceso.

El daño de la corrupción es incalculable, amén de que en casos documentados se cobró vidas inocentes, desde el vamos destruye la confianza del ciudadano de a pie que ve como los impuestos que se esmera por afrontar terminan en los bolsillos de los más deshonestos funcionarios públicos.

Además, tolerar el "robo chico" (si así se le puede llamar a la apropiación de cientos de miles de dólares) cimenta el camino para un vaciamiento sustancialmente mayor cuando las cajas aumenten su volumen.

Pero hay un punto que exhibe mayor gravedad y tiene que ver con la trampa de los números, porque si la condena social depende de la cantidad de dinero sustraido, la moral entonces tiene un precio. Se transforma en una suerte de transacción comercial.

En este panorama, lo de Insaurralde representa una burda impunidad mientras lo de Adorni la contradicción del relato oficial sobre la meritocracia y la "moral como política de Estado".

Puede cambiar el método de corrupción como así también los montos, pero el desprecio por el contribuyente sigue siendo el mismo y, en todo caso, quien roba cientos de miles o quien se apropia de millones de dólares terminan compartiendo la misma lógica: "El Estado es una billetera privada".