El diputado nacional Agustín Rossi, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para impedir que la ciudadanía argentina por naturalización pueda obtenerse mediante pagos, inversiones, donaciones, adquisición de bienes o compra de títulos públicos o privados.

La iniciativa, acompañada por la diputada Kelly Olmos, apunta directamente contra el Programa de Ciudadanía por Inversión cuya puesta en marcha fue anunciada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el Argentina Week que se desarrolla en París.

El programa oficial establece dos alternativas para los solicitantes: realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o suscribir un título público por US$800.000 creado específicamente para el régimen.

El Gobierno prevé comenzar a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de este año. Tras el pago, los postulantes deberán atravesar controles sobre identidad, antecedentes, origen de los fondos, situación patrimonial e historial migratorio, entre otros aspectos.

Rossi busca derogar el régimen de ciudadanía por inversión

El proyecto presentado por Rossi propone derogar las modificaciones introducidas en la Ley de Ciudadanía 346 por el DNU 366/2025 y establecer expresamente que ninguna contraprestación económica pueda utilizarse como causal para obtener la naturalización.

"La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley", sostuvo el legislador en los fundamentos de la iniciativa.

La propuesta establece que ninguna inversión, aporte, donación, pago, adquisición de bienes o suscripción de títulos podrá reemplazar o reducir los requisitos de residencia previstos para acceder a la ciudadanía.

También busca impedir la emisión de títulos de deuda pública cuya compra otorgue el derecho a solicitar la ciudadanía o beneficios migratorios vinculados con ella.

Otro artículo apunta a la participación de privados en este tipo de programas: el Estado nacional, sus organismos y entes descentralizados no podrían contratar ni asociarse con empresas o consultoras para diseñar, promocionar o administrar mecanismos de ciudadanía vinculados a contraprestaciones económicas.

El cuestionamiento constitucional de Unión por la Patria

Uno de los principales argumentos planteados por Rossi es que el Poder Ejecutivo avanzó sobre una materia que, según su interpretación, corresponde al Congreso.

El legislador sostiene que el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional atribuye al Poder Legislativo la facultad de dictar las normas sobre naturalización y nacionalidad. También señala en los fundamentos del proyecto que existen pronunciamientos judiciales que cuestionaron disposiciones del DNU 366/2025.

Rossi cuestionó además que la ciudadanía pueda ser tratada como una contraprestación económica. "Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio", argumentó.

Los riesgos que Rossi atribuye al programa

El proyecto incorpora además cuestionamientos sobre las posibles consecuencias internacionales de los programas de ciudadanía por inversión.

Entre sus argumentos, Rossi advierte sobre riesgos relacionados con el lavado de dinero, la evasión fiscal y el eventual impacto que estos esquemas podrían tener sobre la confianza internacional en los pasaportes de los países que los aplican.

El Gobierno, por su parte, informó que las solicitudes serán sometidas a controles de debida diligencia y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La evaluación estará encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión e incluirá la intervención de organismos como la SIDE, la Unidad de Información Financiera y áreas de Seguridad e Interior. La decisión final quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Rossi vinculó la ciudadanía por inversión con la compra de tierras

El diputado también relacionó el nuevo programa con el debate por la extranjerización de tierras y planteó que una persona que obtenga la ciudadanía mediante este mecanismo podría dejar de estar alcanzada por determinadas restricciones previstas para extranjeros.

Rossi sostuvo que el mecanismo podría convertirse en una vía para acceder a inmuebles rurales o terrenos ubicados en zonas de frontera y cuestionó que la búsqueda de inversiones se canalice mediante el otorgamiento de ciudadanía.

Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, el programa estará operativo durante el cuarto trimestre de 2026 y también permitirá incorporar al trámite al cónyuge y a los hijos del solicitante principal mediante aportes adicionales.