Tras la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Gobierno de las Islas Falkland y la Decisión Final de Inversión (FID) de las empresas Navitas y Rockhopper, el proyecto Sea Lion quedó habilitado para iniciar su etapa de explotación comercial. 

Navitas Petroleum, la compañía israelí que controla el 65% del emprendimiento junto a la británica Rockhopper Exploration. Se trata del proyecto petrolero más importante previsto en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas y uno de los mayores desarrollos offshore del Atlántico Sur.

Según las empresas involucradas, el yacimiento podría producir decenas de miles de barriles diarios durante las próximas décadas, con inversiones que superan los 2.000 millones de dólares en una primera etapa. Para el Reino Unido y el gobierno de las islas, Sea Lion representa un proyecto estratégico para el desarrollo económico del archipiélago. Para la Argentina, en cambio, constituye una explotación ilegal de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa en disputa.

Un conflicto que viene de años

Desde hace más de una década, todos los gobiernos argentinos rechazaron las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas para explorar y explotar petróleo en la zona.

En 2011 se sancionó la Ley 26.659, que establece sanciones para las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. A esa normativa se sumaron distintas resoluciones administrativas que declararon ilegales las operaciones de compañías involucradas en proyectos petroleros en las islas.

Navitas quedó alcanzada por esas medidas tras incorporarse al proyecto Sea Lion, por lo que actualmente se encuentra inhabilitada para realizar actividades hidrocarburíferas en la Argentina.

El incómodo desafío para la política exterior

El caso adquirió una dimensión política diferente debido a la estrecha relación que el presidente Javier Milei construyó con Israel desde el inicio de su mandato.

El Gobierno argentino convirtió a Israel en uno de sus principales aliados internacionales, profundizó la cooperación bilateral y expresó reiteradamente su respaldo político al gobierno israelí.

Es entonces que la participación de una empresa israelí en un proyecto petrolero cuestionado por la Argentina genera un escenario complejo para la diplomacia nacional. Aunque Navitas es una empresa privada y no representa oficialmente al Estado de Israel, su presencia en Malvinas inevitablemente introduce un elemento de tensión política.

Hasta el momento, ni Buenos Aires ni Jerusalén modificaron su relación bilateral.

La respuesta oficial

La polémica se amplificó luego de que el vocero presidencial fuera consultado sobre la situación de Navitas y admitiera que desconocía los detalles del caso, señalando que sería Cancillería la encargada de analizar la cuestión.

"La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida Decisión Final de Inversión anunciada por las ilegítimas lincenciatarias Rockhopper Exploration de origen británico y Navitas Petroleum Development and Production Limited de origen israelí. Es lo que sé en este momento sobre este tema, deberíamos profundizar con Cancillería para ampliar la información oficial sobre este asunto." declaró Adrián Ravier.

Por su parte, ya en 2025 el Gobierno de Israel tomó distancia de la operación comercial de Navitas al señalar que se trata de una empresa privada cuyas decisiones no representan la política exterior israelí, una aclaración que buscó evitar que el conflicto empresarial se trasladara al plano diplomático.

Más que petróleo

Petróleo, gas, pesca y recursos estratégicos del Atlántico Sur forman parte de un escenario donde los intereses económicos y geopolíticos adquieren cada vez mayor relevancia.

El avance de Navitas Petroleum no modifica la posición jurídica argentina sobre la soberanía del archipiélago, pero sí plantea un desafío político para una administración que busca consolidar su vínculo con Israel sin resignar uno de los principios históricos de la política exterior argentina.