La investigación judicial que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara que el exfuncionario no podrá salir del país sin autorización previa de la Justicia mientras continúa la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue adoptada tras un dictamen presentado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó reforzar el control sobre los movimientos migratorios del exfuncionario en el marco de una investigación que, según fuentes judiciales, continúa incorporando pruebas patrimoniales, bancarias y testimoniales.

No obstante, el propio fiscal descartó, por el momento, solicitar la detención preventiva de Adorni al considerar que no existen elementos suficientes para acreditar un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento del proceso. Por esa razón, el magistrado optó por exigir que cualquier viaje al exterior sea previamente comunicado y autorizado por el juzgado.

La investigación que involucra a Manuel Adorni

Entre las medidas ordenadas por la fiscalía se encuentran el análisis de declaraciones juradas, movimientos bancarios, consumos con tarjetas de crédito, registros migratorios, compras de inmuebles y obras realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Los investigadores también analizan posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos registrados durante los últimos años, además de operaciones patrimoniales vinculadas a integrantes de su entorno familiar.

Fuentes judiciales indicaron que toda esa documentación continúa siendo sometida a pericias contables y cruces de información con distintos organismos públicos.

El testimonio que impulsó el expediente

Uno de los elementos considerados relevantes por la fiscalía fue la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las remodelaciones realizadas en la vivienda del exfuncionario.

Según consta en el expediente, Tabar declaró ante la Justicia haber recibido aproximadamente 245.000 dólares en efectivo y sin registrar por los trabajos efectuados en la propiedad.

Esa afirmación se encuentra actualmente bajo análisis y forma parte de las medidas de prueba que buscan establecer el origen de los fondos utilizados para las reformas.

La causa podría ingresar en una etapa decisiva

En los tribunales federales consideran que la investigación atraviesa una etapa clave. Las medidas patrimoniales solicitadas por la fiscalía continúan en ejecución y no se descarta que, una vez finalizadas las pericias y reunida la documentación pendiente, el juez evalúe nuevas decisiones procesales.

Entre ellas aparece la posibilidad de convocar a Manuel Adorni a prestar declaración indagatoria, aunque hasta el cierre de esta edición esa medida aún no había sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, el ex jefe de Gabinete no realizó declaraciones públicas sobre la decisión judicial ni difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales. Tampoco hubo pronunciamientos del presidente Javier Milei ni de la Casa Rosada respecto de la resolución adoptada por el juez Ariel Lijo.

La investigación continúa en etapa de instrucción y la Justicia sostiene que las medidas dispuestas buscan preservar el normal desarrollo del proceso mientras se determina si existen elementos suficientes para avanzar con una eventual imputación formal o nuevas medidas judiciales.