Las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados retomarán este martes el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno, que busca endurecer las consecuencias económicas y penales para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y otros espacios sobre los que Argentina reclama soberanía.

Entre las medidas previstas aparecen penas de hasta 20 años de prisión, multas calculadas en cientos de miles de barriles de petróleo e inhabilitaciones para operar en el país.

Se tratará de una reunión informativa en la que especialistas expondrán sobre los lineamientos de la iniciativa. Según explicó la Presidencia, la iniciativa se estructura alrededor de tres objetivos: sancionar a quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, generar incentivos para que abandonen esas actividades y otorgar al Estado nuevas herramientas frente a amenazas externas. 

Qué cambia con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Uno de los principales cambios consiste en ampliar el alcance del régimen vigente. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y posteriormente modificada, establece actualmente condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca ir más allá del petróleo y el gas y alcanzar el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

También endurece las sanciones administrativas. El texto contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones y diferentes restricciones para operar económicamente en la Argentina.

La iniciativa amplía además el alcance sobre quienes intervienen en esas operaciones, es decir, a quienes suministren determinados bienes o servicios para hacer posibles esas actividades.

Penas de hasta 20 años y multas calculadas en barriles de petróleo

El capítulo penal constituye uno de los puntos más fuertes del proyecto. Para determinadas actividades de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización argentina se contemplan penas de entre 12 y 15 años de prisión. En los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, la escala prevista puede llegar a 20 años.

La extracción, transporte o almacenamiento ilegal de hidrocarburos también podría recibir penas de 15 a 20 años de prisión, mientras que las multas para las infracciones más graves vinculadas con esta actividad podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.

Además, el proyecto incorpora sanciones para quienes suministren bienes o servicios esenciales a empresas involucradas en estas actividades y contempla la posibilidad de aplicar juicios en ausencia en los delitos comprendidos por el régimen.

Al mismo tiempo, prevé un mecanismo de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades alcanzadas por la futura legislación.

El Gobierno también vinculó los controles sobre Malvinas con el RIGI

La estrategia oficial tiene además una derivación sobre las grandes inversiones. Mediante el Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, el Ejecutivo designó a Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y modificó reglamentaciones vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con el sector hidrocarburífero.

La modificación incorporó controles destinados a verificar el cumplimiento de las restricciones establecidas por la normativa argentina sobre las actividades desarrolladas en las áreas alcanzadas por el reclamo de soberanía.

El proyecto a retomar por Diputados forma parte de un paquete más amplio de medidas administrativas, jurídicas y diplomáticas adoptadas durante las últimas semanas alrededor de Malvinas y del avance de Sea Lion. El dato a seguir será si, después de las reuniones informativas, el oficialismo avanza hacia la discusión de un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto.