Más de cincuenta días pasaron desde que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno nacional a girar la actualización presupuestaria establecida en la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no ha aplicado el marco normativo vigente y la oposición quiere la interpelación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Cámara de Diputados.

El proyecto de resolución fue encabezado por la diputada nacional de Unión por la Patria, Blanca Osuna, quien, invocando a la Constitución Nacional, exige conocer los motivos por los cuales no se ha ejecutado la totalidad de las partidas presupuestarias correspondientes previstos en la Ley 27.795. Además, solicita el cronograma de recomposición salarial y la situación presupuestaria de los hospitales universitarios.

En un quinto punto, Osuna denunció "una condonación de deuda a las empresas Edenor y Edesur por 1.842 millones de dólares" antepuesta por encima de la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. "El presupuesto universitario nacional cayó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% en 2026, su nivel más bajo desde 2004", señaló la diputada opositora.

Pero además, Blanca Osuna encabezó, junto a Juan Carlos Molina, una nota en donde le exige a Alejandro Finocchiaro -en su rol de titular de la Comisión de Educación- que convoque en carácter de urgente a una reunión informativa de la misma. En el escrito, le recuerdan al legislador del Pro haberse jactado de tener información exclusiva del Ministerio de Capital Humano, donde aseguró que los giros presupuestarios "iban a estar para el 15 de julio".

Osuna se cruzó con Finocchiaro cuando el titular de Educación aseguró que la Ley 27.795 "estaba por aplicarse".

Financiamiento Universitario, un conflicto de larga data para Milei

Ni bien asumió en el Sillón de Rivadavia, Javier Milei decidió prorrogar el Presupuesto 2023 y uno de los tantos sectores que reclamó por una actualización en las partidas presupuestarias fue el de las universidades nacionales. Entre advertencias de auditorías y medidas de fuerza, el Consejo Interuniversitario Nacional no logró acordar con el Gobierno y el 23 de abril del 2024 se llevó a cabo la primera marcha federal que movilizó a más de un millón de personas de la comunidad académica a Casa de Gobierno.

A partir de eso, los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados impulsaron una primera versión de la Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 12 de septiembre del 2024, pero terminó siendo vetada por Javier Milei y desechada en su insistencia ante el blindaje logrado con el tercio compuesto por La Libertad Avanza y sus aliados.

Sin embargo, en el 2025, año de elecciones legislativas, la oposición confeccionada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda logró emplazar una nueva Ley de Financiamiento Universitario que resultó sancionada el 21 de agosto del 2025 en el Senado.

Nuevamente el presidente de la Nación vetó el proyecto de ley de recomposición salarial docente y actualización de becas estudiantiles, pero esta vez la oposición, en ambas cámaras, aprobó la insistencia de la ley: Diputados rompió la barrera de los dos tercios con 174 votos a favor; y el Senado la dejó firme con 58 votos afirmativos.

A los días, el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 por medio del decreto 759/2025 firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde ese día, la ley comenzó otro camino en la Justicia.

El último intento legislativo por derogar la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional fue a través del proyecto de Ley de Presupuesto 2026. En el Capítulo XI de la "ley de leyes" se disponía la derogación de esta iniciativa junto a la Emergencia en Discapacidad y Sanitaria en el Hospital Garrahan. La propuesta se cayó en el recinto de la Cámara de Diputados y las leyes quedaron vigentes.