Hay una fuerte discusión en la actualidad que tiene que ver con el rol que cumple el Estado frente a la crisis financieras de las familias que muestran un incremento en el nivel de deuda y morosidad que encendió alarmas en todo el arco político.

En ese contexto, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo brindaron polémicas declaraciones al sostener que cada familia debe hacerse cargo de las obligaciones contraídas ya que se trata de un acuerdo entre privados en el que el Estado no tiene por qué involucrarse.

Ello, cabe destacar, en lo meramente teórico es cierto. Pero la teoría y la práctica no siempre van de la mano, mucho menos en materia política por lo que hay un sector bastante amplio de la sociedad que comenzó a denunciar una suerte de desresponsabilización de parte de la Casa Rosada que fue, paradójicamente, el que construyó el cambio del escenario a través de su ambicioso programa económico.

La contradicción más relevante tiene que ver con el origen del descalabro financiero que hoy sufren millones de argentinos que se vieron obligados a endeudarse, pero no para comprar un bien, sino para pagar boletas de servicios o incluso para comprar comida.

Hay una serie de medidas que, en conjunto, terminaron derivando en el escenario actual. Según el análisis de respetados economistas se trata de un salto cambiario profundo, la quita de subsidios energéticos y de transporte y el reordenamiento de las alícuotas del impuesto a las ganancias sobre los asalariados; entre otras medidas, que fueron como un disparo al corazón de los ingresos, sobre todo, de la clase media.

Ello no hizo más que encarecer sustancialmente el costo de vida y erosionar el poder adquisitivo en un período breve, lo que derivó en el diseño de una política que alteró de forma unilateral e imprevisible el poder adquisitivo, que llevó a las familias a endeudarse, se insiste, en muchos casos para sostener lo básico y después no poder cumplir con las obligaciones de pago.

Si se analiza desde un punto de vista explicitaente político, se puede hallar una profunda contradicción entre el relato del oficialismo y la realidad que vive día a día la mayoría de las familias argentinas.

Es que desde la Casa Rosada sostienen que el ajuste que lleva adelante la administración Milei recae sobre estructuras burocaraticas del Estado y los privilegios de la denominada "casta" mientras que en la realidad palpable todo indica que la motosierra terminó cayendo sobre PyMEs y familias asalariadas.

El cierre de miles de empresas y la consecuente destrucción del empleo registrado es leído en tal contexto como el resultado de una estrategia donde solo importan los números aunque se contradigan con la realidad, por ello las tasas de interés y el anclaje del tipo de cambio se ven como herramientas que buscan contener la inflación a costa de la productividad.

Hay en el Congreso de la Nación varios proyectos que buscan poner el foco en esta problemática que se encuentra en crecimiento, pero poco importa hoy al Gobierno Nacional que ya anticipó que no habrá ninguna medida destinada al desendeudamiento.

Por el contrario, las prioridades del Gobierno Nacional se centran en puntuales proyectos de ley ambiciosos (como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma electoral) y la reelección del presidente Javier Milei. No mucho más que ello.