La estructura de la corrupción en Argentina no tiene fin y funciona como una máquina de contrataciones dirigidas, retornos económicos y cajas políticas que subsisten a los cambios de época y de Gobiernos.

El desvío de fondos públicos se realiza mediante la firma de decretos confeccionados a medida de puntuales intereses privados y licitaciones cartelizadas que encarecen el funcionamiento del Estado.

Solo resta observar los expedientes judiciales más recientes para comprender que el Estado mantiene activos los mecanismos de recaudación ilegal de manera ininterrumpida.

En ese sentido, la Causa Seguros expone una de las maniobras de desvío de fondos más explícitas de la gestión del ex presidente Alberto Fernández, que sólo precisó la firma de un decreto que terminó por obligar a todas las dependencias del Estado a contratar coberturas con Nación Seguros.

En dicho expediente, se detectó que el sistema benefició directamente a los intermediarios privados, un esquema de amigos encabezado por Héctor Martínez Sosa, que cobró sumas millonarias en comisiones.

En esta causa se determinó que las comisiones pagadas (con el dinero de los contribuyentes) superaron los 3.300 millones de pesos y, si bien la justicia revocó el procesamiento del expresidente en el marco del cumplimiento de una cuestión técnica (lo que ciertamente no lo libera de culpa y cargo), el expediente detalla un circuito que sirvió para darle rentabilidad a los amigos del poder.

Pero es solo un caso de una administración particular, porque los hechos de corrupción se replican y en casos se perfeccionan como puede notarse en el entramado detectado en ARSAT que termina por confirmar que los vicios de la política persisten y superan líneas de tiempo y gestiones.

Es así que la detención de Facundo Leal, exgerente general de ARSAT y extitular del ORSNA, desarticuló una organización identificada como "la banda de los mendocinos".

Se trata de una causa sumamente sensible que terminó con el hallazgo de unos dos millones y medio de dólares ocultos en bolsos (como los de José López) y fajos termosellados (como los de Florencia Kirchner).

Pero la trama es mucho más compleja, porque además sumó el hallazgo de estupefacientes de alta calidad en cantidad y variedad que en el fondo esconde la sombra del narcotráfico y equipos de espionaje que prometen revelar una estructura de espionaje ilegal.

Y la cuestión no queda allí, porque los dispositivos electrónicos que perita por estas horas la justicia Federal de San Isidro comienzan a revelar maniobras para influir en los valores y adjudicaciones de contratos estatales.

Es un modelo de gestión que puede subsistir gracias a la ineficiencia del sistema judicial que funciona en Comodoro Py donde, a pesar de parecer una exageración (que no lo es), más del 90% de las causas por delitos contra la administración pública quedan sin sentencia.

Así se desprende de la última auditoría del Consejo de la Magistratura, donde se estima que solo el 1,97% de las causas de corrupción terminan con un final cerrado, es decir, con una absolución o una condena.

Hay casos donde la etapa de instrucción (recolección de pruebas) se extiende por 14 años, lo que en diversas oportunidades terminó con la prescripción del delito y, por consecuencia, la impunidad absoluta.

El costo final de estas maniobras se traslada a la población en forma de servicios públicos colapsados, rutas intransitables y un desfalco permanente que termina por exhibir la decadencia económica e institucional del país.