La Justicia avanza con una nueva medida de prueba en la denominada causa Seguros, una investigación que busca determinar si durante el gobierno de Alberto Fernández se produjeron irregularidades en la contratación de pólizas por parte de organismos estatales y si esas operaciones generaron un perjuicio económico para las arcas públicas.

El juez federal Ariel Lijo ordenó una pericia contable que tendrá como objetivo reconstruir el funcionamiento económico de las operaciones y establecer cuánto dinero se pagó en concepto de primas y comisiones, quiénes participaron de los contratos y qué servicios prestaron los intermediarios.

¿Qué se investiga en la causa Seguros?

El expediente analiza el esquema utilizado por distintos organismos públicos para contratar seguros durante la gestión de Fernández.

El punto de partida es el Decreto 823/2021, mediante el cual se estableció que las entidades comprendidas en el Sector Público Nacional debían contratar sus pólizas a través de Nación Seguros, empresa perteneciente al Banco Nación.

A partir de ese esquema, Nación Seguros podía recurrir a otras compañías aseguradoras cuando fuera necesario para cubrir determinados riesgos. En las operaciones también participaron brokers o productores asesores de seguros, que cobraron comisiones por su intermediación.

La investigación judicial busca determinar si esas comisiones estuvieron respaldadas por servicios efectivamente prestados y si las contrataciones respondieron a criterios técnicos y comerciales razonables.

El expediente comprende 45 convenios celebrados entre organismos estatales y Nación Seguros, con la participación de 25 intermediarios privados.

La nueva pericia ordenada por Lijo

Para avanzar sobre la cuestión económica, Lijo estableció 13 puntos específicos que deberán responder los peritos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJAYCO).

Entre otras cuestiones, deberán identificar a los participantes de cada operación, precisar qué función cumplió cada uno, determinar los montos abonados y establecer las razones contractuales de esos pagos.

También deberán analizar la solvencia financiera de las empresas que participaron de las coberturas y reconstruir el recorrido de los valores involucrados en las operaciones.

Entre las firmas que aparecen bajo análisis se encuentran San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A. y Paris Bróker S.A., entre otras.

El papel de Héctor Martínez Sosa

Uno de los nombres centrales de la investigación es el del broker Héctor Martínez Sosa, quien mantenía una relación personal con Alberto Fernández y estaba casado con María Cantero, quien fue secretaria privada del expresidente.

La relevancia de Martínez Sosa dentro del expediente está vinculada también con el volumen de comisiones que habría recibido su grupo empresario durante el período investigado.

Según elementos incorporados a la causa, las empresas vinculadas a Martínez Sosa habrían concentrado una parte significativa de las comisiones pagadas por Nación Seguros a intermediarios de pólizas correspondientes a organismos estatales.