El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó en la Embajada argentina en París la presentación del nuevo programa de ciudadanía por inversión, una iniciativa diseñada para atraer capitales extranjeros al país. 

Durante su exposición frente a inversores y diplomáticos, el funcionario remarcó que la medida busca "captar aún más la atención del mundo", vinculando la iniciativa con el interés global generado por las políticas económicas del Gobierno.

El titular del Palacio de Hacienda reveló que el proyecto comenzó a gestarse hace dos años, impulsado por las consultas recibidas desde distintos sectores financieros internacionales sobre el acceso a la residencia y nacionalidad argentina. En ese sentido, Caputo justificó el entusiasmo oficial al asegurar que "Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo", destacando que el país cuenta con condiciones geopolíticas favorables para proyectar el valor de sus instituciones.

La reglamentación del esquema técnico contó con la participación de consultoras internacionales especializadas en programas de residencia y nacionalización que operan a nivel global. De esta forma, el ministro explicó que el Ejecutivo analizó diversos modelos ya aplicados con éxito en otros países para adoptar las mejores prácticas del mercado internacional y garantizar un marco normativo competitivo.

Cómo será el programa de ciudadanía argentina por inversión

El proceso de recepción de solicitudes quedará habilitado formalmente durante el cuarto trimestre de 2026 y ofrecerá dos vías de financiamiento para el peticionante principal. 

Los interesados podrán optar entre realizar una contribución directa y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o suscribir un título público especial de 800.000 dólares emitido específicamente para este régimen.

El programa contempla la inclusión del núcleo familiar directo del inversor mediante aportes escalonados según la edad y estado civil de los solicitantes secundarias: el cónyuge y los hijos solteros de entre 18 y 25 años deberán abonar 100.000 dólares cada uno, mientras que el arancel para los hijos menores de 18 años se fijó en 25.000 dólares, permitiendo que una familia tipo acceda al beneficio con una suma total de 500.000 dólares.

Para garantizar la transparencia de los ingresos, el Estado exigirá que la totalidad de las divisas ingrese mediante el sistema bancario formal y quede sometida a rigurosas auditorías de trazabilidad. 

Los controles de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo estarán bajo la supervisión de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, junto con el trabajo articulado de la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad e Interior.

Finalmente, el trámite requerirá la verificación de antecedentes penales, perfil reputacional, historial migratorio y origen legítimo de los fondos por parte de las dependencias estatales.