Mientras avanza la investigación judicial que busca determinar su situación patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa sin definir la fecha exacta en la que presentará su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Aunque en su entorno aseguran que el trámite se concretará antes del 15 de junio, la demora ya se convirtió en un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo.

La expectativa en la Casa Rosada es que la presentación permita cerrar un frente incómodo para el Gobierno, atravesado en las últimas semanas por disputas internas y cuestionamientos a figuras de primera línea. Sin embargo, el caso también dejó al descubierto diferencias de criterio entre los principales referentes libertarios respecto de cómo administrar una crisis que amenaza con erosionar el discurso de transparencia que sostiene la administración de Javier Milei.

Según explican cerca de Adorni, el funcionario optó por no acelerar la difusión de su patrimonio para evitar interferir en la investigación que lleva adelante la Justicia. No obstante, dentro del oficialismo hubo sectores que reclamaron una resolución más rápida del asunto.

La senadora Patricia Bullrich fue una de las voces que más insistió en adelantar los tiempos. Tras presentar su propia declaración jurada, planteó públicamente la necesidad de que el jefe de Gabinete hiciera lo mismo para despejar dudas y evitar que la controversia se prolongara. Su posicionamiento generó malestar en algunos despachos oficiales, donde interpretaron la movida como un intento de diferenciarse dentro del espacio libertario y consolidar un perfil propio en medio de la puja por la conducción política del oficialismo.

La situación se desarrolla, además, en un contexto marcado por la creciente tensión entre distintos sectores del poder presidencial. Las diferencias entre el asesor Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocuparon buena parte de la agenda política en las últimas semanas y contribuyeron a desplazar el foco mediático sobre la causa que involucra al jefe de Gabinete.

En ese escenario, el inicio del Mundial 2026 aparece como una oportunidad para el Gobierno. Con el torneo a punto de comenzar en Estados Unidos, México y Canadá, en la administración libertaria confían en que la atención pública migre hacia la competencia deportiva y permita descomprimir una agenda cargada de conflictos políticos, internas y cuestionamientos judiciales.

La apuesta no está exenta de riesgos. La capacidad del Mundial para modificar el clima político dependerá de la intensidad con la que el torneo logre captar la atención social y, especialmente, del recorrido de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni.

Mientras tanto, la declaración jurada de Adorni continúa pendiente. Lo que comenzó como un trámite administrativo terminó transformándose en una prueba política para un oficialismo que busca contener sus tensiones internas sin perder el control de la agenda pública.