Manuel Adorni, exvocero presidencial y exjefe de Gabinete de Javier Milei, quedó en el centro de una investigación judicial luego de que un informe técnico detectara "inconsistencias" en el análisis de su patrimonio. No se descarta que sea citado a declarar en las próximas semanas.

El informe fue recibido por el fiscal Gerardo Pollicita, quien interviene en la causa que investiga a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito.

El estudio fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que analizó la evolución económica de la pareja desde diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como funcionario del Gobierno nacional.

La revisión incluyó declaraciones juradas, bienes, gastos, inversiones, movimientos bancarios y operaciones vinculadas a criptomonedas, con el objetivo de reconstruir los ingresos y egresos del grupo familiar y determinar si existe respaldo documental para la evolución patrimonial registrada.

Del atril a las explicaciones

El informe técnico no establece por sí mismo la existencia de un delito ni detalla montos, pero sí advierte sobre inconsistencias que ahora serán analizadas por la fiscalía.

A partir de este documento, Pollicita trabaja en un eventual pedido de justificación patrimonial, instancia en la que Adorni deberá explicar el origen de los fondos y movimientos observados por los investigadores.

Hasta ahora, la defensa del exfuncionario estuvo encabezada por el abogado Matías Ledesma, quien participó de las distintas instancias del expediente. De avanzar la investigación, sería la primera vez que Adorni deberá responder personalmente sobre sus movimientos económicos.

Una investigación que sigue abierta

La causa analiza el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad, incluyendo operaciones financieras, inversiones, activos virtuales, transferencias, deudas y gastos.

Los investigadores también revisaron movimientos vinculados a plataformas de criptomonedas, cuentas bancarias y operaciones de compra, venta o transferencia de activos digitales, comparando esa información con las declaraciones juradas presentadas.

Si las explicaciones no resultaran suficientes, el expediente podría avanzar hacia nuevas medidas judiciales, incluida una eventual indagatoria. La decisión final sobre una convocatoria de ese tipo quedará en manos del juez Ariel Lijo.