El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró preocupado el pasado miércoles debido a que "hay mucha gente extranjera" comprando minerales críticos antes de que ese país haya regulado ese tipo de recursos.

Además, durante un encuentro en el Palacio de la Alvorada con los titulares del Senado, Davi Acolumbre, y de Diputados, Hugo Motta, respaldó el avance de un proyecto que apunta a crear una Política Nacional de Minerales Críticos.

"Si no regulamos y definimos que esta riqueza mineral, que es una riqueza de Brasil, tenemos que garantizar que estas cosas se transformen en algo que haga soñar al pueblo brasileño", expresó Lula.

Lula y los referentes parlamentarios conversaron sobre la imperiosa necesidad de impulsar la reglamentación de la política de tierras raras y minerales críticos de Brasil, donde está hasta ahora la segunda mayor reserva mundial.

El titular del Senado le dijo a Lula que buscarán votar la próxima semana la legislación sobre los minerales claves para el desarrollo tecnológico mundial. "Cuando hablamos de soberanía, tenemos que hablar de la soberanía en su plenitud y no en parte", señaló.

La Política Nacional de Minerales Críticos determina una legislación puntual para la llegada de inversiones nacionales al sector y contempla un fondo de 5.000 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares).

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo y está pendiente de votación en el Senado. Los dichos de Lula se dieron luego de que la firma estadounidense USA Rare Earth anunciara avances en la compra de Serra Verde, la única minera de tierras raras que actualmente opera en Brasil.

La empresa anunció el lunes que aseguró 1.550 millones de dólares para completar la adquisición, transacción que depende de la aprobación de los accionistas en una asamblea prevista para este viernes.

Según los colegas de Globo, el Gobierno de Brasil rechaza la explotación de tierras raras en Minacu, en el norte de Goiás, por parte de una compañía estadounidense y evalúa mecanismos para revisar la operación, ya que entiende que la Constitución indica que los recursos minerales del subsuelo pertenecen a la Unión y no a los estados.