Brasil dio un nuevo paso en la regulación del uso de la inteligencia artificial con fines delictivos y puso el foco en uno de los desafíos que más preocupa a nivel global: la creación de imágenes y videos falsos de abuso sexual infantil mediante herramientas digitales.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que modifica el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) e incorpora de manera explícita los delitos vinculados a la producción de material sexual infantil generado mediante montajes, adulteraciones o tecnología de "deepfake".

La nueva normativa establece que no es necesario que exista una víctima filmada o fotografiada de manera real para que haya delito. También queda alcanzada la creación de contenidos ficticios generados con inteligencia artificial que representen a menores en situaciones sexuales.

La ley amplía además la definición de material de violencia sexual infantil e incluye contenidos reales o falsificados, incluso aquellos en los que no haya exposición de genitales pero sí una situación de carácter sexual.

Las sanciones alcanzan a distintos eslabones de la cadena digital: desde quienes crean o distribuyen ese material hasta quienes administran páginas, foros, chats o plataformas destinadas a alojar ese tipo de contenidos. También se contempla a quienes acceden o consumen ese material.

Otro de los puntos centrales es la persecución de quienes utilizan herramientas para ocultar su identidad en internet, como sistemas que permiten esconder la dirección IP o dificultar el rastreo de los responsables.

Para avanzar en las investigaciones, la norma habilita a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de patrullaje virtual en espacios digitales públicos, como redes sociales, foros y canales abiertos, con el objetivo de recopilar pruebas respetando los procedimientos judiciales.

La legislación también incorpora medidas de protección para las víctimas. Los niños, niñas y adolescentes afectados, así como los testigos, tendrán acceso a asistencia psicológica y acompañamiento especializado para reducir los efectos de la exposición y la revictimización.

Además, quienes sean condenados por estos delitos deberán asumir los costos de los tratamientos médicos y psicológicos de las víctimas, incluyendo el reintegro de gastos al sistema público de salud cuando corresponda.