Los contribuyentes argentinos dejaron de trabajare exclusivamente para hacer frente al pago de sus impuestos anuales, de acuerdo con las conclusiones de un estudio económico privado. 

Hasta el 1 de julio, la totalidad de los ingresos generados por un trabajador promedio se destinó, bajo un esquema teórico, a saldar las cargas fiscales nacionales, provinciales y municipales, estableciendo la fecha clave del cambio de ciclo financiero individual el 2 de julio.

El concepto técnico de "independencia tributaria" mide de manera precisa la cantidad de jornadas que debe completar un ciudadano para cumplir con el fisco antes de percibir ingresos netos de gravámenes. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) determinó que un asalariado promedio necesitó destinar entre 172 y 182 días del año en curso para cubrir sus obligaciones con las distintas órbitas del Estado.

Los datos recolectados indicaron que la carga tributaria integral sobre los ciudadanos osciló entre el 47,2% y el 49,9% del ingreso bruto total percibido. Los especialistas destacaron la existencia de una baja dispersión en dichos porcentajes, lo que reflejó una llamativa uniformidad en la presión fiscal sobre los diferentes estratos de la pirámide salarial analizada.

A raíz de este comportamiento homogéneo, el documento advirtió sobre distorsiones estructurales en el sistema, poniendo de manifiesto una marcada regresividad en el esquema de recaudación vigente. Esta dinámica implica que los sectores de ingresos medios y medios-altos presentaron una carga proporcionalmente inferior, de entre 1,5 y 2 puntos porcentuales, respecto de los perfiles que perciben menores remuneraciones.

El análisis técnico identificó que el primer factor de distorsión surge del impacto de los aportes personales destinados a la seguridad social. Mientras que para el escalafón de ingresos más bajos estas obligaciones representaron el 13,7% de sus recursos totales, para el segmento con mayor poder adquisitivo la incidencia real descendió de forma notable al 6,3%.

Finalmente, el segundo factor determinante en la regresividad fiscal se vinculó directamente a la incidencia de los tributos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que terminan afectando con mayor severidad a los sectores vulnerables que destinan la totalidad de su sueldo al consumo de bienes básicos, profundizando la brecha tributaria en el entramado social.