Carlos Tevez inició una demanda formal contra el Club Atlético Independiente ante la Justicia laboral y reclamó una suma superior al millón de dólares, en lo que significó un nuevo revés económico para la entidad de Avellaneda. 

El ex delantero dirigió al plantel profesional del "Rojo" entre los años 2023 y 2024, pero su salida no quedó completamente resuelta en los términos contractuales. Esta falta de entendimiento entre las partes derivó en la actual presentación judicial, la cual profundizará la crisis de una institución que ya convivía con deudas acumuladas e inhibiciones.

El reclamo económico presentado por los representantes legales del "Apache" ascendió formalmente a la cifra de 1.008.932,04 dólares, a los que se sumaron 35 millones de pesos actualizables, intereses y el pago de las costas procesales. La millonaria exigencia se fundamentó en conceptos vinculados a salarios que no fueron abonados oportunamente, premios acordados que quedaron pendientes de cobro y marcadas diferencias técnicas en la liquidación final de sus haberes tras su alejamiento de la conducción técnica.

El entrenador había dejado su cargo en la institución en medio de un contexto deportivo y dirigencial sumamente complejo, signado por una racha de malos resultados futbolísticos y severas dificultades presupuestarias para incorporar refuerzos de jerarquía. Este escenario adverso generó un desgaste personal que afectó la salud del director técnico y aceleró el final de su ciclo. Si bien en un principio su salida del club se comunicó públicamente como una renuncia voluntaria, la situación legal cambió de forma drástica con el correr de los meses.

La disputa contractual se profundizó debido a que el ex director técnico pasó a considerarse legalmente en situación de "despido" ante los tribunales, luego de que fracasaran las sucesivas instancias de negociación con la comisión directiva para cerrar las condiciones de la desvinculación. 

El texto de la demanda judicial ratificó que la dirigencia de Independiente mantiene saldos pendientes que corresponden estrictamente a la contraprestación de su trabajo en el banco de suplentes, además de reajustes económicos que fueron ignorados al momento de interrumpir el lazo formal.

Esta ofensiva en los tribunales laborales se conoció en un momento de extrema sensibilidad para Independiente, cuyas autoridades intentaban reordenar los compromisos financieros para evitar nuevas sanciones administrativas que limiten su competitividad.