El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, denunció este domingo la crítica situación que atraviesan los vecinos de la Isla del Río Diamante, en San Rafael, donde más de tres mil familias llevan más de 25 días sin acceso a agua potable. Según señaló, la crisis se originó por la quiebra de la Unión Vecinal que prestaba el servicio y por la inacción del Estado provincial.

“No es sequía, es abandono político”

“Esto no es una sequía ni una catástrofe natural, es abandono político. El agua potable es un derecho humano básico y un servicio público esencial, y hoy en San Rafael hay familias enteras condenadas a sobrevivir con agua de acequia porque el Gobierno decidió mirar para otro lado”, expresó Vadillo.

El dirigente explicó que la Unión Vecinal responsable de administrar el servicio “se convirtió en una estructura sin control, con más deudas que recursos y miles de conexiones clandestinas sin regularizar”. Agregó que “el Estado provincial delegó sin fiscalizar y ahora se desentiende del desastre”.

Críticas a la respuesta oficial

Vadillo cuestionó con dureza la reacción del Gobierno: “Lo más grave es que, en lugar de mandar camiones cisterna o intervenir como lo manda la ley, mandaron 150 policías y un dron para reprimir a los vecinos que protestan en la ruta. Es un escándalo”.

Recordó que la Ley Provincial N.º 6044 y el Decreto 1680/2024 establecen que el agua potable es un servicio público bajo control estatal, y que DIRCAS, autoridad de aplicación dependiente de Irrigación, tiene la obligación de actuar en estos casos. “La ley es clara: DIRCAS debe designar un interventor, transferir el servicio a AYSAM o garantizar el abastecimiento de emergencia. Nada de eso se hizo. Hoy el Estado está incumpliendo su propia ley”, subrayó.

Consecuencias sanitarias y reclamo de medidas urgentes

El candidato advirtió sobre los efectos en la salud de la población: “Niños, adultos mayores y personas con discapacidad están tomando agua contaminada porque el Estado abandonó su responsabilidad. Esto no es un problema administrativo, es un atentado contra la dignidad de la gente”.

Vadillo exigió la intervención inmediata de DIRCAS, rechazó los argumentos oficiales que culpan a los vecinos por supuestos impagos y reclamó medidas urgentes: “El agua no es un club de barrio que se sostiene a la gorra, es un derecho humano. Y un Estado que no garantiza agua potable es un Estado que ha decidido abandonar a su gente”.