Unos 800 policías de Mendoza fueron investigados este año por no cumplir con su deber
En lo que va del 2024, cerca de 800 efectivos tanto de la Policía de Mendoza como personal de la Penitenciaría han sido investigados por hechos irregulares, según confirmó Marcelo Puertas, director de la Inspección General de Seguridad. El funcionario comentó que este año se ha registrado un número significativo de denuncias contra efectivos penitenciarios …
En lo que va del 2024, cerca de 800 efectivos tanto de la Policía de Mendoza como personal de la Penitenciaría han sido investigados por hechos irregulares, según confirmó Marcelo Puertas, director de la Inspección General de Seguridad.
El funcionario comentó que este año se ha registrado un número significativo de denuncias contra efectivos penitenciarios por diversas irregularidades, incluyendo robos, sobornos y faltas disciplinarias.
“Son supuestamente situaciones que no corresponden, porque son denuncias, ellos conservan siempre el estado de inocencia. Aproximadamente son 800 expedientes. Ahí incluimos robos, sobornos, llegadas tardes, no cumplir con el uniforme, todo. Todo lo que significa la falta de cumplir con el deber”, declaró a Radio Regional.
El dato salió a la luz luego de conocerse que un efectivo policial -que está de licencia por enfermedad psiquiátrica- quedó detenido por el hurto de un teléfono celular en Rivadavia.
Al respecto, Puertas aclaró que el policía detenido “va a seguir sin trabajar y va a pasar a una condición que nosotros en las situaciones de revista del personal policial o penitenciario se llama situación de pasiva, en donde cobra un poco menos de la mitad del sueldo hasta que se resuelva respecto de la responsabilidad o no que puede llegar a tener respecto a estos hechos, paralelamente a lo que la justicia investiga”.
Por último, el responsable de la Inspección General de Seguridad explicó también que “lo único que nosotros debemos hacer es constatar los hechos y darle el derecho al sujeto para que se defienda y ejerza la estrategia defensiva que él considere. Nosotros ahí tenemos que emitir un juicio de valor respecto de la prueba recabada, en relación a si es responsable o no. Que este proceso puede durar todo dependiendo de la estrategia defensiva que él tenga, es decir, cuáles son las herramientas defensivas que articule, que pueden llegar a dilatar o no más el proceso, puede oscilar entre seis meses y un año”.