Roberto Suarez

El terror de Estado vuelve a sentirse latente en Estados Unidos. Tras casi un mes de episodios de violencia, detenciones masivas, denuncias de niños maltratados y muertes en operativos del servicio de inmigración, el miedo se ha instalado en amplios sectores de la población.

El Comité Editorial de The New York Times tituló recientemente uno de sus editoriales con una frase contundente: “El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar”. El texto reclama una investigación exhaustiva y un informe veraz sobre el operativo en Mineápolis en el que murió Alex Jeffrey Pretti.

El diario sostiene que cuando un gobierno mata, tiene la obligación de demostrar que actuó en interés público. Sin embargo, señala que la administración de Donald Trump vuelve a incurrir en una grave distorsión de la justicia.

La conclusión editorial es todavía más fuerte: “La verdad es la línea que separa a un gobierno democrático de un régimen autoritario. El pueblo estadounidense merece saber qué ocurrió”.

La preocupación llega a la Argentina

En este clima de tensión interna en Estados Unidos, el mismo medio publicó una noticia que generó preocupación en nuestro país: Washington y Buenos Aires estarían negociando un acuerdo para que inmigrantes detenidos en territorio norteamericano puedan ser deportados a la Argentina, desde donde regresarían a sus países de origen.

Las negociaciones, aún no confirmadas oficialmente, se enmarcan en la amplia campaña de deportaciones iniciada tras el regreso de Trump al poder, con miles de agentes federales desplegados en operativos migratorios.

Consultado al respecto, el gobierno argentino evitó negar las conversaciones y se limitó a señalar que no comentará eventuales negociaciones diplomáticas.

El frente interno: inteligencia y poder

La discusión se vuelve más sensible cuando en la Argentina también se debate la ampliación de facultades estatales en materia de inteligencia.

Como señaló el periodista Joaquín Morales Solá en su columna de La Nación, un decreto reciente habilitaría a los servicios de inteligencia a detener ciudadanos sin orden judicial, salvo que el Congreso lo rechace.

El DNU impulsado por el gobierno de Javier Milei declara encubiertas todas las actividades del sistema de inteligencia y autoriza nuevas facultades operativas, lo que despertó fuertes cuestionamientos entre constitucionalistas y organismos de derechos humanos.

La oposición anunció su intención de derogarlo y ya existen presentaciones judiciales para suspender su aplicación, en un contexto que incrementa la polarización política y erosiona la confianza pública en las instituciones.

Cuando el Poder Ejecutivo amplía atribuciones sin controles parlamentarios efectivos, la división de poderes se debilita, incluso en situaciones de crisis económica o social.

Poder sin límites

La violencia institucional denunciada en Estados Unidos y la ampliación de facultades de inteligencia en Argentina muestran un problema común: la naturalización del poder sin límites.

Relativizar el derecho internacional o justificar atajos institucionales no fortalece la democracia; por el contrario, la pone en riesgo. La historia latinoamericana ofrece suficientes advertencias al respecto.

Fuera de la ley, queda la selva. Sin reglas claras, no hay derechos ni libertades que resistan.

La advertencia de la sociedad civil

Más de veinte organizaciones —entre ellas CELS, Amnistía Internacional, Greenpeace y Fundación Huésped— sostuvieron públicamente que el decreto es manifiestamente inconstitucional y reclamaron su rechazo legislativo.

Entre las principales objeciones planteadas figuran:

la obligación de organismos públicos de compartir datos personales con la SIDE, facilitando potencial vigilancia masiva; la ausencia de controles ciudadanos efectivos; el carácter encubierto de todas las actividades, lo que podría dificultar investigaciones futuras; la posibilidad de que agentes de inteligencia detengan personas, algo inédito en democracia; la participación de Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a seguridad interior; y la reaparición del concepto de “enemigo interno” bajo nuevas formulaciones.

Democracia o retroceso

No existe un sistema más eficaz que la democracia para garantizar derechos y libertades. Preservarla es responsabilidad de funcionarios, jueces, legisladores, periodistas y de la sociedad en su conjunto.

Argentina no puede retroceder décadas ni aceptar que la fuerza, interna o externa, sustituya al derecho como norma de convivencia.

Como advierte Morales Solá, probablemente sea la Justicia la que termine resolviendo la validez del decreto.

Pero más allá de la decisión judicial, el desafío es político y social: sostener los límites al poder para evitar que el miedo o la emergencia se conviertan en excusas permanentes para restringir libertades.