El Gobierno de Mendoza avanzó en la demolición y clausura de al menos 11 inmuebles vinculados a situaciones delictivas en el Gran Mendoza, en el marco de una política que permite intervenir propiedades incluso sin una condena judicial previa. La medida, impulsada desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, se apoya en informes policiales, denuncias vecinales y tareas de investigación que buscan acreditar el riesgo que representan estos espacios.

El criterio oficial apunta a actuar de manera preventiva sobre viviendas consideradas “aguantaderos” o puntos de conflicto, bajo la premisa de reducir focos de inseguridad sin esperar los tiempos de una resolución judicial. Desde la cartera que conduce Mercedes Rus sostienen que el procedimiento contempla la notificación a los titulares registrales y la garantía del derecho de propiedad, aunque prioriza la intervención ante situaciones que afecten a vecinos y al entorno urbano.

En ese marco, el Ejecutivo provincial ya concretó demoliciones y tapiados en distintos departamentos, con el objetivo de limitar el uso delictivo de inmuebles usurpados o abandonados y reforzar la presencia estatal en zonas señaladas por conflictos de seguridad.

Guaymallén se sumó al nuevo protocolo para las comunas

La más reciente intervención se realizó en Guaymallén, donde se llevó adelante la primera demolición bajo el nuevo protocolo formalizado en enero de 2026. El operativo se concretó tras la firma de un convenio entre la Provincia y el municipio, que habilita la aplicación del programa a nivel local.

Según datos oficiales, desde la puesta en vigencia del esquema ya se realizaron tres intervenciones (dos tapiados en Godoy Cruz y una demolición), que se suman a otras ocho acciones previas en departamentos como Guaymallén, Las Heras y Ciudad. En total, el plan acumula 11 procedimientos en el área metropolitana.

Uno de los puntos clave del programa es que los costos operativos —incluyendo demolición, limpieza y cierre de los predios— quedan a cargo de los municipios, que además deben coordinar las tareas técnicas y logísticas con la Provincia. Desde la gestión local destacan que el nuevo esquema permite acelerar los tiempos de intervención frente a situaciones que, hasta ahora, podían quedar trabadas en instancias administrativas o judiciales.