El domingo se inauguraron las sesiones ordinarias del Congreso y lo que debería haber sido un momento institucional clave terminó pareciendo un acto de campaña. La apertura, que históricamente marca prioridades y agenda legislativa, se convirtió en una escena de confrontación permanente, con un tono de cancha antes que de Parlamento. No hubo anuncios concretos para jubilados, no hubo definiciones para las personas con discapacidad, no hubo una hoja de ruta social clara. Hubo polarización, hubo relato, pero faltó Estado.

Ese es el punto de fondo. Cuando la política se transforma en espectáculo, las instituciones se degradan y esa degradación no es abstracta, se siente en lo cotidiano. Se siente cuando se recorta sin planificación, cuando se desfinancia lo público sin reconstruir capacidades, cuando el debate se reduce a consignas. Reducir la planta estatal puede mostrar una cifra, pero la discusión real es qué funciones deja de cumplir el Estado, qué controles se debilitan, qué derechos quedan más expuestos.

Además, la confianza se erosiona cuando el discurso moral no se aplica con el mismo rigor hacia adentro. Se habla de corrupción como bandera mientras el país sigue atento a una investigación judicial por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde audios filtrados mencionan un supuesto “3%” vinculado al entorno presidencial. Se habla de narcotráfico como línea roja, pero también aparecen figuras del oficialismo nacional rodeadas de controversias públicas. Las instituciones no se debilitan solo por lo que hacen, se debilitan por la incoherencia.

En Mendoza ese desgaste adopta otra forma, el pragmatismo sin identidad. El radicalismo provincial, aliado con La Libertad Avanza, parece moverse según conveniencia y no según principios. El ejemplo más evidente es el de los “cargos ajenos” en las facturas de servicios. Mientras el gobierno nacional prohibe incluir tasas que no correspondan al servicio contratado, aquí se relativiza la medida y se defiende lo indefendible. Sin embargo, distribuidoras mendocinas terminaron imputadas por incluir tasas municipales en las boletas. Cuando el discurso dice una cosa y la práctica hace otra, la institucionalidad se resiente.

La política debería interpelar a la ciudadanía, no a una tribuna. Debería ordenar prioridades reales, no sostener una guerra eterna entre oficialismo y kirchnerismo. Debería hablarle al que trabaja, al que espera un turno médico, al que cuida a un familiar con discapacidad, al que paga impuestos cada vez más caros. Cuando la política se desconecta de esa realidad, las instituciones pierden sentido.

Mendoza necesita algo distinto. Necesita coherencia, reglas claras, ética pública sin privilegios y dirigentes que sostengan principios aun cuando sopla el viento en contra. Porque las instituciones no se maquillan, se reconstruyen, y para reconstruirlas hace falta decisión, coraje y rumbo. Tal vez haya llegado el momento de animarnos a algo más profundo. Mendoza necesita reiniciarse.