El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó en el centro de la escena política tras confirmarse que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en un contexto donde solicitó su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias poco antes de presentar su declaración jurada de 2025. 

Según confirmaron fuentes oficiales, el vocero presidencial no fue el único miembro del Poder Ejecutivo en tomar esta decisión, ya que otros cuatro funcionarios de las altas esferas del gobierno de Javier Milei optaron por sumarse al esquema gestionado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La nómina de funcionarios jerárquicos que siguieron los pasos del jefe de ministros incluye al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; al secretario de Justicia, Santiago Viola; al propio titular de la ARCA, Andrés Vázquez; y al director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría. 

En contraposición, los registros oficiales no muestran adhesiones por parte del presidente Javier Milei ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel, mientras que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, figuran inscriptas como monotributistas en las categorías G y A, respectivamente.

El pedido de ingreso al nuevo sistema impositivo también se extendió a otros importantes dirigentes del espacio libertario y familiares directos de los funcionarios, como el diputado José Luis Espert, el embajador ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, y el ex titular del organismo recaudador, Juan Pazos. Asimismo, la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, tramitó su incorporación de forma conjunta con su pareja, registrándose las solicitudes en distintas fechas entre los meses de mayo y junio, de acuerdo con las constancias publicadas en la web del organismo fiscal.

Desde el punto de vista técnico, la integración a este sistema de la ARCA tiene por objetivo principal simplificar la determinación y la presentación del gravamen para determinados universos de contribuyentes. En la práctica cotidiana, la medida disminuye de manera drástica la cantidad de información detallada que el Estado le requiere al aportante para la liquidación anual del tributo, una alternativa que la Casa Rosada defendió al argumentar que forma parte de las políticas de simplificación administrativa que el propio gobierno promueve.