Las senadoras mendocinas Mercedes Derrache y Adriana Cano presentaron un proyecto de ley en la Legislatura con el objetivo de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes a través de la modificación de las leyes Nº 6.457 y Nº 9.139 para “crear entornos más seguros y prevenir abusos en diversas instituciones que trabajan con menores”.

El núcleo de la propuesta es la prohibición explícita de contratar o designar a personas con antecedentes penales por delitos sexuales y aplicaría a clubes, asociaciones civiles, federaciones, fundaciones, entidades deportivas y cualquier otra organización, tanto pública como privada, que desarrolle actividades con menores.

Una de las principales herramientas del proyecto es el requisito de un certificado de antecedentes penales obligatorio para todo aquel que trabaje en instituciones deportivas con menores de edad. De esta manera, se busca blindar estos espacios y evitar la incorporación de individuos con condenas previas por este tipo de crímenes, incluso si la sentencia está en primera instancia o con pena en suspenso.

Para aquellas organizaciones que no cumplan con la normativa, se prevén sanciones, como la “imposibilidad de recibir subsidios o beneficios estatales”, según detallaron en el proyecto. También se habilitaría a la autoridad de aplicación a determinar otras medidas punitivas.

Además de las sanciones, el proyecto busca fortalecer la prevención a través de la capacitación, por lo que se propone la “adhesión a la Ley Nacional Nº 27.709”, conocida como Ley Lucio, que establece un plan federal de capacitación sobre los derechos de la niñez y la prevención de la violencia para las organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta surge como respuesta a vacíos legales que actualmente permiten situaciones de riesgo para los niños, niñas y adolescentes en distintos espacios de socialización.

“La idea fundamental es que el Estado, las familias y todos los adultos responsables nos involucremos en políticas públicas que aseguren una protección efectiva. Hoy existen vacíos legales que generan riesgos en ámbitos deportivos, culturales, sociales y religiosos, y es indispensable abordarlos con urgencia.”, señaló Mercedes Derrache.