Estamos hablando de un escenario que hasta hace pocos días parecía impensado dentro de la política universitaria mendocina. La crisis electoral desatada en la Facultad de Ciencias Económicas ya no amenaza solamente con ensuciar la elección de esa unidad académica. Ahora el conflicto puede escalar a un punto mucho más grave: la posible suspensión del proceso electoral de toda la Universidad Nacional de Cuyo.

El dato político es enorme. Si los planteos de la lista opositora encabezada por Marcelo Pieralisi avanzan ante la Junta Electoral General y eventualmente ante la Justicia Federal, la UNCuyo podría quedar frente a un escenario de parálisis electoral. No se trataría ya de una discusión menor sobre una candidatura o una lista de consejeros. Estaríamos ante la posibilidad concreta de que el calendario electoral universitario quede frenado por las irregularidades denunciadas en Ciencias Económicas.

El problema central es que la Junta Electoral Particular de la facultad, integrada por sectores vinculados a la actual conducción, tomó decisiones que la oposición considera arbitrarias, restrictivas y orientadas a impedir la participación electoral. La proscripción de la lista docente opositora encendió todas las alarmas. A partir de allí, lo que podía ser una interna facultativa se convirtió en un conflicto institucional con capacidad de arrastrar a toda la universidad.

Y ahí aparece el nombre que nadie puede esquivar: Esther Sánchez.

La rectora de la UNCuyo no es una figura ajena a esta disputa. Ciencias Económicas es su unidad académica de origen y uno de los espacios históricos de poder de su sector. Miguel González Gaviola, actual decano, forma parte de ese mismo entramado político. Por eso, cualquier escándalo electoral dentro de esa facultad impacta directamente sobre el oficialismo universitario que Sánchez conduce.

La contradicción es difícil de disimular. Mientras Esther Sánchez aparece públicamente como una voz en defensa de la universidad pública, del financiamiento universitario y de la institucionalidad democrática, dentro de su propio espacio político se denuncia una maniobra que podría terminar con la suspensión de las elecciones de toda la UNCuyo. La universidad que hacia afuera habla de democracia, hacia adentro enfrenta acusaciones de proscripción.

Ese es el punto más delicado. Si la Junta Electoral General no corrige lo actuado en Ciencias Económicas, la oposición podría acudir a la Justicia Federal con planteos de amparo. Y si un juez entiende que hubo vulneración de derechos políticos, arbitrariedad manifiesta o afectación del debido proceso electoral, el impacto podría superar largamente a la facultad. La elección prevista para toda la universidad podría quedar bajo revisión.

Sería un golpe institucional enorme. No solo para González Gaviola, que aparece como beneficiario directo del cierre electoral en Ciencias Económicas, sino también para Esther Sánchez, porque el conflicto estalló en el corazón político de su propio armado. Una eventual suspensión de las elecciones universitarias dejaría al rectorado en una posición incómoda: tener que explicar cómo un proceso electoral interno terminó judicializado por denuncias de proscripción en la facultad más asociada a su sector.

La situación se vuelve todavía más grave porque la UNCuyo atraviesa un momento de fuerte exposición pública. En medio del debate nacional por el financiamiento universitario y la defensa de la educación pública, una crisis electoral interna con intervención judicial sería un papelón institucional de primera magnitud. El oficialismo universitario quedaría atrapado entre el discurso republicano hacia afuera y las prácticas denunciadas hacia adentro.

El riesgo no es abstracto. Si el conflicto llega a sede judicial, la Justicia podría ordenar medidas para resguardar la transparencia del proceso. Entre ellas, la suspensión total o parcial del calendario electoral hasta que se resuelva la situación de Ciencias Económicas. Eso significaría que una maniobra nacida para sostener el control de una facultad podría terminar contaminando la elección completa de la Universidad Nacional de Cuyo.

En términos políticos, el costo sería devastador. El sector de Esther Sánchez pasaría de intentar conservar Ciencias Económicas a quedar señalado como responsable de una crisis que puso en jaque a toda la universidad. Lo que buscaba ser una operación de control interno podría terminar convertido en un escándalo provincial y nacional.

La Junta Electoral General tiene ahora una responsabilidad decisiva. Puede revisar lo actuado, garantizar competencia real y evitar que el conflicto salga de la universidad. O puede convalidar una decisión que ya huele a proscripción y obligar a la oposición a llevar la pelea a la Justicia Federal.

La diferencia entre una opción y otra es enorme. En el primer caso, la UNCuyo todavía podría salvar su proceso electoral. En el segundo, el oficialismo de Esther Sánchez podría quedar asociado al peor escenario posible: que las elecciones universitarias deban suspenderse porque una unidad académica bajo su influencia política no fue capaz de garantizar una competencia limpia.

La crisis de Ciencias Económicas ya dejó de ser una anécdota de facultad. Ahora amenaza con transformarse en el problema institucional más serio de la UNCuyo en años. Y si el proceso electoral termina suspendido, la pregunta será inevitable: ¿cómo pudo una universidad que se presenta como defensora de la democracia permitir que una disputa interna llegara hasta este punto?