Nicolás Sanz

El Gobierno nacional tiene deudas pendientes en referencia a ciertos temas que son de suma importancia y tienen que ver con reclamos ciudadanos y políticos. Uno de los más urgentes proviene de la provincia de Formosa, donde parte de la oposición pide la intervención del Gobierno Nacional en la política provincial dada la coyuntura compleja que refleja el gildismo de Gildo Insfrán.

El Gobernador formoseño está hace 30 años al mando del ejecutivo provincial y hace 38 en las altas esferas del poder político, habiéndose desempeñado entre 1987 y 1995 como vicegobernador.

El reclamo proviene principalmente de una de las legisladoras más destacadas de la política local: Gabriela Neme, aquella que denunció lo que se conoce como la “ruta del dinero G” en obvia referencia al gobernador.

El senador ex libertario, Francisco Paoltroni, le entregó al presidente Javier Milei un proyecto que tiene como finalidad darle vía a la intervención federal en la provincia que por el momento no encuentra una respuesta elocuente.

Allí denunció que en Formosa “se violan todos los principios republicanos; desde la propiedad privada” y sostuvo que existe una “persecución política que todo el pueblo formoseño está padeciendo”.

Para Paoltroni lo único que hace falta es la decisión política, ya que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la reelección indefinida del gobernador y aun así Insfrán insiste en no reconocer lo dictado por el máximo tribunal del país.

Además, existe el miedo de que se den casos de nepotismo o similares, como sucede en Misiones, y que Insfrán finalmente siga manejando los hilos del poder a través de “testaferros políticos”.

Sin embargo, el Gobierno Nacional no tiene en mente meterse en terreno formoseño, algo que hace unos meses fue confesado por el vocero Manuel Adorni en una conferencia de prensa.

“Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución Nacional. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había sincerado.

De más está decir que la provincia de Formosa logró esquivar exitosamente ciertos límites impuestos por la carta magna, manejándose al borde de la inconstitucionalidad y funcionando a la orilla de lo legal.

Ese es otro punto que tiene la presentación que Paoltroni le entregó al presidente, en la que asegura que la política provincial se caracteriza por “instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.

La necesidad de intervenir Formosa tiene que ver, además, con la impunidad con la que se maneja el Gobierno, que puede comportarse por fuera de la ley con el aval de la justicia cooptada por el gildismo.

Es un hecho que expuso la ex directora de Personerías Jurídicas del Ministerio de Gobierno de Formosa, Silvia Tarantini, que denunció un intento de violación en su propia oficina y acoso sexual y laboral de parte del Ministro de Gobierno, hechos que fueron reconocidos por el Gobierno local pero silenciados.

El relato de Tarantini es sumamente importante, porque no solo denota el abuso de poder y la impunidad, sino porque nadie dentro del Gobierno de Formosa pudo desmentirla. El que calla otorga dice un viejo refrán del saber popular.

Hay otros hechos que llaman la atención, como la desaparición de integrantes de comunidades originarias y la aparición de estos muertos o duramente golpeados. Las denuncias de estos hechos provienen de las comunidades Qom y Wichi.

Esto se asocia a otro caso violento que sufrió la diputada provincial de la Unión Cívica Radical Agostina Villaggi, quien denunció haber sido atacada por la patota del concejal Marcelo Sosa que responde al gildismo.

“Fuimos brutalmente agredidos por la patota de Marcelo Sosa. A mí me tiraron al piso, me pegaron, me metieron el dedo en el ojo, me agarraron de los pelos. Una zona liberada por Marcelo Sosa en un barrio muy humilde de la ciudad capital, donde simplemente nos aprestamos a compartir un locro con los vecinos y fuimos atacados a piedrazos”, sentenció.

Ni hablar de las denuncias que viene realizando la diputada provincial Gabriela Neme, desoídas constantemente por el Gobierno Nacional, al cual le reclama la inmediata intervención de la provincia.

La legisladora sufrió todo tipo de amenazas y ataques de parte del Gobierno provincial, atentando incluso contra su vida, luego de hacer públicos puntuales hechos de corrupción.

En fin, no hay razón para que el gobierno del presidente Javier Milei no intervenga la provincia, sin embargo desde la Casa Rosada hacen caso omiso a los reclamos a pesar de ser tan estridentes como contundentes.